martes, 21 de noviembre de 2017
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Por una protección social plena y la seguridad alimentaria. Apoyemos la huelga general

POR UNA PROTECCIÓN SOCIAL PLENA Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA
¡ APOYEMOS LA HUELGA GENERAL !

El Real Decreto-Ley del Gobierno del P.P. sobre la “Reforma de la protección por desempleo y de la ley básica de empleo”, constituye un paso más en la flexibilización del mercado de trabajo. Porque: a) obliga a aceptar cualquier empleo en cualquier condición, so pena de perder la prestación o el subsidio; b) exonera a las empresas del pago de los salarios de tramitación, en caso de despido improcedente, a costa de la prestación por desempleo que percibe la persona despedida; c) congela y dificulta la percepción del subsidio agrario, buscando su progresiva eliminación; d) limita la protección por desempleo de los fijos discontinuos y emigrantes retornados y e) compatibiliza la prestación de desempleo con un salario.

El Real Decreto-Ley contra las personas desempleadas contiene, por tanto, un abaratamiento del despido y una mayor flexibilización del mercado de trabajo. Estas actuaciones se perpetran, como otros muchos atentados del gobierno, en base a las necesidades de la globalización y se imponen de forma unilateral y provocadora, en la forma que nos está acostumbrando el P.P. La degradación de las condiciones de vida y trabajo de la mayoría y la limitación de las libertades para silenciar la discrepancia, son aspectos inseparables de esta política que capitanea Aznar.

La Huelga General contra la modificación de las prestaciones por desempleo, debe ser apoyada por la ciudadanía, incorporando cada sector, localidad, colectivo o red social, sus propias necesidades y derechos, violados por la misma lógica que ataca ahora a las personas desempleadas. Es una huelga no sólo a apoyar sino a impulsar desde dentro del movimiento antiglobalización, desde cada una de las áreas, aportando nuestras propias razones.

Desde los Grupos Autogestionados de Consumo (GAKs) nuestras razones están del lado de la alimentación suficiente y sana, la agricultura ecológica, desde su dimensión más social, agroecología, y desde el consumo responsable.

Cada vez más crece la desconfianza de la población hacia los alimentos que comemos. Los escándalos alimentarios han cuestionado: 1) los “ingredientes” (dioxinas en los pollos, priones locos en las vacas, antibióticos para el engorde, transgénicos); 2) las formas y condiciones de producción en el campo y en las industrias de transformación (intensificación de cultivos y ganado, forzando a la naturaleza; competitividad entre agricultor@s y empresas para abaratamiento de costes; mano de obra empleada en condiciones de esclavitud en los invernaderos, precarizada en las industrias de transformación y procesado, etc.); 3) las formas de distribución y consumo (concentración y monopolio de empresas transnacionales que controlan producción-distribución-consumo; predominio de grandes superficies que ofrecen gran variedad de alimentos importados a bajo coste y que emplea a jóvenes mediante contratos basura; generalización de restaurantes de comida rápida, tiendas de todo a 100, etc).

A su vez, se impulsan alimentos y cultivos transgénicos, patentes, semillas estériles como soluciones a los problemas y deterioros ecológicos causados por la agricultura industrial que provoca la inseguridad alimentaria, cuando forman parte del propio modelo que se desentiende tanto de las necesidades sociales y ecológicas, como de sus consecuencias actuales y futuras, y en abierta oposición a los derechos de la población, campesina o consumidora, a una alimentación suficiente, saludable y nutritiva, a una vida digna y a la propia cultura.

El problema del hambre, argumento al que se recurre de forma tramposa para defender la agricultura industrial e incluso transgénica, no es un problema de producción, o de tecnología, sino de acceso de los pueblos, en particular de los campesinos, a los recursos productivos propios, de soberanía alimentaria. Es un problema de orden político y no técnico.

Por el contrario, el control, forma y condiciones con que el capital está operando en la alimentación a nivel mundial, además de generalizar dicho modelo, supone otras consecuencias que redundan en la inseguridad alimentaria, tanto desde el punto de vista de la cantidad, como de la calidad:

1) No se produce lo que necesita la población para una alimentación segura, sino lo que asegura más beneficios.
2) Al perseguir sólo el abaratamiento de los costes y la competitividad, este modelo de producción alimentaria, enfrenta a productor@s y consumidor@s en intereses contrapuestos y enormemente alejados en una cadena de distribución planetaria.
3) Elimina a la pequeña producción agroalimentaria y a l@s campesin@s, reemplazándoles por empresas o sociedades anónimas que concentran la producción y la distribución donde les es más ventajoso para la venta.
4) Convierte a la agricultura y ganadería en una factoría industrial; el oficio y habilidad del agricultor/a y su conocimiento de la naturaleza no tienen el menor valor y han sido sustituidos por producción en serie.
5) Se trata a los animales como máquinas productoras de carne, leche o huevos, con los riesgos ya conocidos de alteración del ciclo natural, la generación de enfermedades como la EEB (vacas locas), dioxinas en los pollos, etc.
6) Se sustituye la calidad de los alimentos por el cumplimiento de la legalidad: informar en las etiquetas, no incorporar productos prohibidos o en dosis no autorizadas.
7) Se viola el derecho a la soberanía alimentaria como “derecho de los pueblos a definir su propia política agraria y alimentaria”, mientras se consolidan las patentes sobre la vida.
8) Se esquilman y privatizan territorios, recursos naturales, agua, suelo, semillas, etc., provocando una contaminación y desertización crecientes que aumentan el hambre, el desarraigo y la emigración forzosa.

Sin embargo, ni la Unión Europea, ni el Gobierno del Estado Español que actualmente la preside, se cuestionan el modelo productivo que provoca la inseguridad alimentaria. Se plantean tan sólo soluciones técnicas, como controles analíticos, cuya premisa es la demostración fehaciente del efecto perjudicial sobre la salud. Sólo se eliminan los productos que han demostrado su insalubridad al provocar enfermedades graves o muertes vinculadas, de manera directa, con las sustancias incorporadas al proceso de producción del alimento o a su misma composición.

Las instituciones y los gobiernos de la UE, incluido el Gobierno que preside Aznar, responsables de la autorización de los productos que intervienen en la elaboración de alimentos dicen, sin el menor pudor, que el riesgo cero no existe, e identifican seguridad alimentaria con inocuidad. No dan garantías de calidad para toda la población. El mercado es el que lo “soluciona”. Se promueven etiquetas que fijan distintos niveles de calidad: alimentos ecológicos, alimentos naturales, alimentos de denominación de origen; lo que queda sin etiquetar son alimentos convencionales y comida basura. Es decir, se promueven nichos de mercado estratificando a la población consumidora por su poder adquisitivo. La alimentación suficiente y saludable no es un derecho para toda la población.

Pero desde el modelo agroalimentario dominante, y a pesar de que el 50% de la población mundial sea todavía campesina, la contraposición de intereses distintos y cada vez más enfrentados, entre personas agricultoras y consumidoras, dificulta la elaboración de un discurso que integre las necesidades de todas, que vaya a la raíz de los problemas y que permita desarrollar, experiencias y espacios, reales, de economía solidaria y apoyo mutuo. Las personas, agricultoras o consumidoras, estamos indefensas en una situación que nos convierte en víctimas y, a la vez, colaboradores eficientes en nuestra faceta de consumidor@s, productor@s, trabajador@s, reclamando intereses diferentes según adoptemos uno u otro papel.

Reclamar la seguridad alimentaria no es una cuestión exclusivamente campesina, sino ciudadana. No sólo porque el modelo alimentario y sus consecuencias económicas, ecológicas y sociales nos afecta a tod@s. También porque ejercer de forma plena la soberanía alimentaria supone reconstruir las relaciones de intercambio en múltiples direcciones: campo-ciudad; campesin@-consumidor/a; autócton@-inmigrante; Norte-Sur; subsidios agrícolas-ayuda alimentaria; generaciones futuras-pobres de hoy; medioambiente según el Norte-agroecología según el Sur. Implica un proceso que se origina en la conciencia de saberse parte interviniente, responsable y solidaria, a la hora de comprar alimentos cada día.

Por eso, desde Grupos Autogestionados de Consumo de Madrid (GAKs), como iniciativas de consumo agroecológico y responsable, desde la que cada día nos organizamos para hacer realidad un consumo ecológico, respetuoso, responsable y solidario, nos parece que hay suficientes razones para impulsar

¡UNA HUELGA GENERAL, POR LA PROTECCIÓN SOCIAL PLENA Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA!

Madrid, 11 de junio de 2002

GAKs de Campamento, de CAES, de CGT y de Hortaleza y la Red de Productor@s de la Vera
 

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