domingo, 24 de septiembre de 2017
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La revolución de las patronales

La primera gran reforma del Estatuto de los Trabajadores de 1984 no solo legalizó lo que ya era real pero ilegal, sino que sentó las bases para la generalización de la precariedad. A partir de aquí, el empleo creado en las etapas de crecimiento económico engrosaba el sector precario del mercado de trabajo. Un empleo ya no supone la salida de la inestabilidad, sino la consolidación de dicha inestabilidad.

En la segunda gran Reforma del Estatuto de los Trabajadores de 1994, se facilitaron los despidos colectivos, y se legalizaron las empresas de trabajo temporal que, aunque ilegales, venían practicando libremente el prestamismo laboral. La unidad de intereses entre las empresas de trabajo temporal y sus clientes en convertir el trabajo estable en rotatorio, las constituye en un agente que impulsa la precarización del empleo.

Hace veinte años la estabilidad laboral era la norma, con la única excepción de las actividades estacionales (turismo) y de obra determinada (construcción). Hoy la inestabilidad afecta a tres millones de parados, 3,2 millones de eventuales y casi 1 millón de contratados a tiempo parcial, o a paro parcial, según se mire. Más de siete millones de trabajadores, seis de cada diez, carecen de una relación estable y suficiente con el mercado de trabajo que, en general, constituye la única fuente de sus recursos.

La movilidad de millones de personas en la franja de eventualidad - paro- paro de larga duración-paro sin protección o subsidio - empobrecimiento representa unas dinámicas de vulnerabilidad que afectan a la mayoría de la población asalariada.

Sin embargo, esta revolución silenciosa de las patronales, a pesar de sus consecuencias catastróficas, no ha producido una radicalización de sus víctimas. Más bien todo lo contrario.

El aumento de la segmentación laboral consolida innumerables estatutos en el interior de la población asalariada. Los intereses inmediatos de los trabajadores fijos aparecen confrontados con los de los parados de larga duración, los jóvenes y las mujeres. Los trabajadores autóctonos desconfían de los extranjeros. Los sujetos a prestamismo laboral comprueban con impotencia como hacen el mismo trabajo que los fijos, pero en su caso con menos salario y peores condiciones.

La despolitización y desmovilización existentes limitan el alcance de las escasas luchas de las personas precarizadas ante su situación. Sin movilización social, con la precariedad crece la competencia entre los de abajo y la línea de confrontación se desplaza del trabajo-capital al interior de la población trabajadora.

Contra el paro y la precariedad.

Hoy en día tenemos tres millones de personas en desempleo forzoso. El mismo número que hace 14 años. En 1985 el PSOE, la UGT y la CEOE acometieron una reforma profunda de las leyes laborales para, según dijeron, flexibilizar el mercado de trabajo y estimular la creación de empleo.

Estas políticas, amparadas en la convergencia monetaria con Europa y consentidas o apoyadas por los sindicatos mayoritarios, han sido profundizadas por los sucesivos gobiernos. No han servido para reducir el paro, pero si para reducir los salarios y para aumentar la precariedad, desde 1,5 millones de personas en 1985 a 4,2 millones, entre eventuales y subempleos a tiempo parcial en 1999.

Si consideramos el paro como el único problema, cualquier empleo es la solución. Pero ni el paro es el único problema ni cualquier empleo es la solución. Un contrato hoy no es la salida de la inestabilidad sino la consolidación de la inestabilidad. Precisamente, la solución que nos dan contra el paro masivo, es la precariedad masiva.

Con las cartas del poder, siempre nos toca perder. Es del poder de lo que hay que hablar para defendernos de la inseguridad. Hay que hablar de la propiedad privada de los empleos por parte de los empresarios, que no contratan a la gente necesaria para producir lo que la sociedad necesita, sino a la gente necesaria para producirles beneficios a ellos.

Hay que explicar que aquí no hay derecho al trabajo, sino permiso de trabajo por parte de los empresarios, y que el derecho del empresario a obtener plusvalía tiene más fuerza que el derecho al trabajo y a un salario digno de todos los trabajadores.

Tenemos que denunciar la engañosa idea de que los empresarios crean puestos de trabajo. Los empresarios los crean o los destruyen, según les interesa. Pero, en todo caso, no es el capital (empresario) el que crea puestos de trabajo. Es el trabajo (trabajadores) el que crea puestos de empresario. Que esta frase nos parezca razonable es un síntoma del poder que tienen sobre nosotros. No solo nos hacen lo que nos hacen, también consiguen que nos parezca normal.

Hay que luchar contra la precariedad, no solo contra el paro. Lo que necesitamos no es un empleo basura sino una actividad socialmente útil y ecológicamente sostenible que nos proporcione recursos suficientes para una vida digna.

Aunque nos haga mucha falta un empleo, si solo pedimos trabajo, lo que estamos pidiendo es un explotador que nos robe la vida. Estamos animando a los chupasangres a que intensifiquen su oferta de trabajo esclavo. Con ello no solo damos prueba de nuestra necesidad sino también de nuestra ignorancia. Conseguir un trabajo, cualquier trabajo en cualquier condición, es para muchos lo más urgente. Pero interrogarnos sobre la coacción política que nos obliga a aceptar "libremente" trabajos basura y la injusticia de un régimen que permite la ilegalidad impune de los empresarios en las relaciones de trabajo es lo más importante.

 

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