jueves, 20 de junio de 2019
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Un Juzgado archiva una Ejecución Dineraria por la presencia de cláusulas abusivas en un préstamo de BBVA, dos años después del inicio del procedimiento.

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El Juzgado de 1ª Instancia nº 64 de Madrid ha ordenado sobreseer un procedimiento de ejecución de préstamo al encontrar en el contrato numerosas cláusulas abusivas.

El procedimiento ejecutivo se inició en el año 2012 sin que por parte del consumidor se hubiera planteado ningún tipo de defensa legal hasta este año. En mayo de 2014, el Equipo Jurídico del Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES) asumimos la defensa frente a la entidad financiera prestamista (BBVA), y planteamos ante el Juzgado la necesidad de realizar el debido control de oficio de las cláusulas abusivas del contrato al amparo de la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre protección a consumidores. En concreto, aludimos expresamente a la doctrina del caso Cofidis, asunto C-473/00, sentencia de 21 de noviembre de 2002, que establece que la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, se opone a una normativa interna que, en el marco de una acción ejercitada por un profesional contra un consumidor y fundada en un contrato celebrado entre ellos, prohíbe al Juez nacional, al expirar un plazo de preclusión, declarar, de oficio o a raíz de una excepción propuesta por el consumidor, el carácter abusivo de una cláusula inserta en dicho contrato.

El Juzgado acogió nuestros planteamientos, determinando que no puede alegarse el transcurso del plazo inicial de 10 días de oposición establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil para impedir el control judicial sobre cláusulas abusivas, en aplicación de la la Directiva 93/13/CEE y la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que la interpreta.

La decisión del Juzgado 64 de Madrid, además, condena a la entidad financiera ( BBVA) a devolver los intereses indebidamente percibidos hasta la fecha y declara nulas varias cláusulas abusivas, entre ellas, la cláusula suelo y los intereses de demora.

En el presente caso, a pesar de tratarse de un préstamo hipotecario, la entidad financiera interpuso un procedimiento de ejecución dineraria para conseguir el pronto embargo de los bienes de la familia. Sin embargo, de nuevo, la aplicación de la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha permitido la defensa de los derechos de los consumidores.

Para consultar la resolución del Juzgado 62, pulsa aquí.

 

 

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