domingo, 19 de noviembre de 2017
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Paralizado un desalojo forzoso en El Ventorro. El Ayuntamiento de Madrid incumple su propio procedimiento de derribos.

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El barrio de “El Ventorro”, en el distrito de Villaverde (Madrid), es un asentamiento de aproximadamente 70 familias de diferentes etnias que comenzaron a instalarse cerca de una empresa de limpieza de arena hace más de 25 años. Las construcciones comenzaron siendo chabolas pero con el tiempo y la tolerancia consciente de las administraciones, el asentamiento se consolidó dando paso a viviendas de autoconstrucción con mejores materiales.

En el año 2008 la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid firmaron un Convenio para el realojo de los habitantes de varios asentamientos irregulares de viviendas en Madrid, incluyendo a los vecinos de El Ventorro. Sin embargo, estos procedimientos de realojo se tramitan en condiciones de cierta opacidad y con ausencia de garantías jurídicas para la población destinataria.

El proceso comienza con una recogida de datos en el barrio por parte de trabajadores sociales del IRIS (Instituto de Realojo e Inserción Social), de la cual sin embargo no se entrega resguardo ni informe a los propios vecinos destinatarios. En caso de que el IRIS considere que no se reúnen los requisitos para el realojo, no se llega a entregar resolución alguna a la persona afectada por esa decisión, impidiéndose por tanto el conocimiento exacto de los derechos y obligaciones con que se cuenta en el proceso. Por el contrario, el IRIS remite por vía interna una nota a Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, quién a partir de esa decisión (no comunicada formalmente a la persona afectada), ordena el desalojo de la vivienda para su derribo, alegando que no se cumplen los requisitos de realojo y que la construcción es ilegal.

En caso de que los afectados recurran la orden de desalojo y aporten pruebas sobre el cumplimiento de los requisitos (antigüedad en el poblado, situación económica vulnerable, etc.), el Ayuntamiento contesta en todos los casos que la discusión sobre el realojo no es competencia suya, y que en todo caso los tribunales le amparan para proceder a derribar la vivienda incluso aunque aún no se haya decidido sobre el posible realojo.

Omar Boussikhan, un trabajador de la construcción, es víctima de esta tramitación de los realojos sin todas las garantías. Vive en El Ventorro desde el año 2002, es soltero y percibe los ingresos de menos de mil euros de su trabajo en el sector de la construcción. Durante los años 2005 a 2010 ha sido desplazado temporalmente por su empresa a Valencia, regresando a su domicilio en El Ventorro cada fin de semana. Esta situación ha provocado que el IRIS, que realiza sus informes de Lunes a Viernes, no haya recogido datos sobre Omar, al coincidir con sus desplazamientos a Valencia. A pesar de que Omar ha aportado abundante documentación sobre estas circunstancias y a pesar de haber solicitado numerosas reuniones con el IRIS o el Ayuntamiento de Madrid, ninguna de estas instituciones ha entrado en ningún momento a discutir sobre su derecho a realojo. En julio de este año, algunos medios se interesaron por el asunto, como en el siguiente enlace de eldiario.es: http://www.eldiario.es/sociedad/familias-hogar-alla-Ventorro_0_285221915.html

Ante la orden de desalojo, Omar recurrió ante los Juzgados y, sin que aún exista sentencia ni decisión judicial, el Ayuntamiento de Madrid ha solicitado autorización al Juez para derribar la vivienda, sin existir ningún tipo de alternativa habitacional.

Desde el Equipo Jurídico del Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES), hemos llevado la defensa del caso, logrando paralizar, de momento, el intento del Ayuntamiento de Madrid. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de Madrid ha rechazado la petición del Ayuntamiento, acogiendo nuestros argumentos, considerando que el Ayuntamiento no ha seguido el procedimiento administrativo básico para proceder a la demolición, al no existir ni siquiera orden de ejecución sustitutoria, según marca la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas. Esta paralización es temporal, retrasándose el derribo al menos durante un año, lo que podría dar lugar a reconsiderar del derribo y la situación de Omar de cara a un posible realojo por parte del IRIS.

En este enlace, puedes consultar el Auto del Juzgado de los Contencioso-Administrativo nº 5 de Madrid.

Más allá del cumplimiento de los requisitos formales, que afectan directamente a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos (art. 24 CE), especialmente aquellos en situación de vulnerabilidad, el caso de “El Ventorro” y otras conurbaciones de la grandes ciudades ilustra una práctica institucional opuesta a la legalidad internacional para este tipo de asentamientos, que proscriben los desalojos sin alternativa habitacional (Observaciones Generales nº 4 y 7 del Comité DESC de Naciones Unidas), y obligan al Estado español a proveer sistemas de garantía de Derechos Humanos para las personas afectadas, tales como presencia de intérpretes en el proceso, asistencia legal adecuada, participación en el diseño de alternativas, medidas de protección a la infancia, asistencia de observadores neutrales durante los derribos, etc.

El caso de Omar Boussikan no es el único en El Ventorro, existiendo al menos otras tres familias en situación similar, amenazados de derribo a pesar de cumplir con los requisitos de realojo, y sin haber tenido aún oportunidad de hacer valer sus derechos ni ante el IRIS ni ante el Ayuntamiento de Madrid.

11 de diciembre de 2014.


 

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