sábado, 23 de septiembre de 2017
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EL DEFENSOR DEL PUEBLO RECONOCE QUE LA COMUNIDAD DE MADRID NO CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO LEGAL PARA LOS REALOJOS

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EL DEFENSOR DEL PUEBLO RECONOCE QUE LA COMUNIDAD DE MADRID NO CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO LEGAL PARA LOS REALOJOS

El IRIS (Instituto de Realojo e Inserción Social) es un organismo de la Comunidad de Madrid que lleva gestionando desde hace décadas los procesos de realojo en Madrid, con motivo de la intervención en poblados y asentamientos irregulares.

Desde el Centro de Asesoría y Estudios Sociales hemos llevado la defensa de varias familias del Poblado de “El Ventorro” (Villaverde – Madrid) a las cuáles no se ha realojado. Ahora, el Defensor del Pueblo reconoce en un Dictamen recientemente comunicado, que estos procesos de realojo no cuentan con procedimiento reglado y por tanto, carecen de garantías frente a la arbitrariedad de la administración pública.

Contexto

El Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid firmaron un Convenio administrativo en 2008 para el desmantelamiento de este enclave y otros asentamientos madrileños. En el reparto de competencias, la Comunidad de Madrid, a través del IRIS, quedaba encargada de la tramitación de los realojos para las personas en situación vulnerabilidad y cierta antigüedad de residencia en “El Ventorro”. Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid, a través del Departamento de Disciplina Urbanística, se comprometía a derribar las viviendas desocupadas a medida que se procediera al realojo de la población.

Sin embargo, lo que nos hemos encontrado en varias ocasiones es que el Servicio de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Madrid dictaba órdenes de demolición y requería a los habitantes para abandonar sus viviendas, sin que aun se hubiera tramitado nada acerca del realojo. Es decir, en la práctica, Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid ha promovido el desalojo de las familias sin que aun se supiera de su posible realojo. Acordar la demolición de la vivienda de personas vulnerables en estas condiciones supone un abuso de derecho, una discriminación palmaria, un uso antisocial de las normas jurídicas y una actuación desproporcionada que se desentiende sobre las normas fundamentales en materia de Derechos Humanos y protección frente a Desalojos Forzosos.

En otras ocasiones, hemos defendido a familias a las que la Comunidad de Madrid - de manera oficiosa pues no hemos llegado a contar con resoluciones dictadas por el organismo -, denegaba el derecho al realojo a partir de informes de los trabajadores sociales indicaban que no reunían los requisitos. Estos supuestos informes nunca han sido accesibles para su consulta y tampoco se ha notificado resolución alguna a los afectados. De hecho, hemos aportado en varias ocasiones al IRIS abundante documentación sobre las circunstancias de cada familia, aportando certificados de trabajadores sociales, de asistencia hospitalaria, escolar, testimonios de vecinos, etc., para acreditar el cumplimiento de los requisitos, sin que nunca hayan tenido respuesta. En la práctica, se ha venido tratando a las familias del poblado de “El Ventorro”, como ciudadanos sin derechos ni capacidad de ejercerlos.

La situación administrativa toma tintes “kafkianos” al no poder dirigirse o discutir ante el IRIS el cumplimiento de requisitos, ya que éste no emite resolución alguna. Al mismo tiempo, las personas afectadas tampoco  pueden discutirlo ante el Ayuntamiento de Madrid puesto que éste no es competente y tan sólo actúa según las “notas” o “informes internos” – desconocidos por el recurrente – que le facilita el IRIS.

 Dictamen del Defensor del Pueblo

Hemos elevado estas cuestiones a diferentes estamentos, llegando al Defensor del Pueblo, que ahora acaba de emitir un Dictamen reconociendo la ausencia de procedimiento legal para los realojos por parte de la Comunidad de Madrid, acabando con una recomendación para establecer un procedimiento reglado y garantista para los ciudadanos susceptibles de realojos,  así como una petición de que en todos los casos se dicten resoluciones que garanticen el derecho de recurrir si no se está de acuerdo.

En este enlace puedes consultar la Decisión del Defensor del Pueblo sobre los realojos en la Comunidad de Madrid.

En la actualidad, estamos requiriendo una solución habitacional para estas familias por parte de la Comunidad de Madrid pero, más allá del caso concreto, una vez hallado que durante años se vienen tramitando realojos sin garantías de ningún tipo, nos preguntamos cuántas personas han sido despojadas de su precario hogar de forma ilegal. De hecho, a partir de esta constatación, podemos considerar todos los procedimientos de realojo realizados por el IRIS sin sometimiento a la ley, como procedimientos nulos de pleno derecho.

La cuestión roza, sino entra de lleno, en el terreno de una práctica administrativa ilícita que se puede remontar décadas atrás, y que ha desplegado su inseguridad jurídica sobre sectores de la población en situación de extrema vulnerabilidad. En última instancia, podemos considerar que los poderes públicos llamados a salvaguardar los derechos de todos han actuado, de forma consciente, en contra de los principios más básicos del Estado de Derecho. Cabe preguntarse por la responsabilidad exigible por estas vulneraciones de derechos así como la forma de reparar el daño causado a las personas afectadas.

 Otras consideraciones

Durante estos procesos, además, hemos descubierto argumentos jurídicos que emanan desde algunos de nuestros tribunales y cuyo retorcimiento en contra del sentido último de las normas no podemos más que rechazar. Se llega a afirmar en algunas sentencias del orden contencioso que el derribo de la única vivienda de una familia en un proceso de desmantelamiento, puede efectuarse con independencia de si se tiene derecho a realojo o no, pues se trata de procedimientos administrativos independientes. Esta forma de aplicar el derecho administrativo, además de implicar una incoherencia interna de todo el sistema, resulta en una vulneración efectiva de derechos fundamentales de todos los ciudadanos (tutela judicial efectiva, inviolabilidad del domicilio, derecho a la protección de la familia, derecho a la integridad física y moral, derecho a la vivienda, protección de la infancia, etc.).

Indefensión y falta de garantías. Tratamiento administrativo en procesos de realojo como “El Ventorro”.

A continuación incorporamos un esquema comprensivo de la situación trasladada al Defensor del Pueblo, dónde puede observarse la ausencia de posibilidad de defensa de los afectados ante los “informes internos del IRIS” y la posterior orden de demolición del Servicio de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Madrid.

 

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