jueves, 25 de abril de 2019
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Reforma laboral, sindicalismo de mercado y huelga general.

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El derroche de fondos públicos en apoyo de bancos y grandes empresas por parte del gobierno del PSOE, ha producido un déficit del Estado con el que, ahora, justifica: rebajar los salarios y las pensiones; aumentar la edad de jubilación y disminuir su cuantía; desmontar la negociación colectiva y la protección judicial del despido improcedente; reducir la indemnización por despido objetivo, desde los 45 días por año (rebajados a 33 por el Acuerdo CCOO-UGT-CEOE-CEPYME en 1997) a 20 días por año -de los cuales el estado subvenciona a los empresarios con 8-; y obligar a los parados a aceptar cualquier empleo. Todo ello democráticamente.

Democracia de mercado. El proceso de reforma laboral total (esto no ha hecho más que empezar) ha sido aprobado por los representantes del pueblo en el Parlamento.

Socialismo de mercado. El presidente del gobierno se “convirtió” a las leyes del mercado la noche del 9 de mayo cuando se le aparecieron la Comisión Europea y el FMI. Al día siguiente, se arrepintió de su promesa de no abaratar el despido ni rebajar la protección social, acometiendo la mayor operación contra la clase obrera desde el franquismo.

Sindicalismo de mercado. Para CCOO y UGT, la huelga general no es el inicio de la rebeldía contra la precariedad ni una demostración de fuerza para interrumpir la normalidad democrática de la explotación, las hipotecas y la corrupción, sino un hecho negativo cuya finalidad es restablecer el “diálogo social” con los sindicatos.

¿Diálogo social o monólogo patronal? El diálogo social (Pactos de la Moncloa, 1977; Acuerdo Económico y Social, 1984; Pacto de Toledo, 1995; Acuerdo Interconfederal en Defensa del Empleo, 1997; y Acuerdo Interconfederal de Negociación Colectiva en la última década), combinada con las leyes laborales y sociales (Estatuto de los Trabajadores y Ley Básica de Empleo de 1980; 1ª Reforma del Estatuto del Trabajador de 1984; Ley de Pensiones de 1985; Plan de Empleo Juvenil de 1988; Decreto contra las prestaciones por desempleo de 1992; Reforma Laboral de 1994; Reforma Laboral de 1997 y Decreto contra las prestaciones de desempleo de 2002), arrojan un balance siniestro: globalización, competitividad, precariedad, incumplimiento patronal generalizado de las leyes laborales y sindicales, condiciones laborales homicidas con miles de muertes y decenas de miles de afectad@s por enfermedades profesionales y accidentes laborales, consumismo y debilitamiento de la conciencia de l@s trabajador@s.

Las huelgas generales de la monarquía parlamentaria, hasta ahora, han sido cinco: 1) contra la Ley de Pensiones, el 20-6-1985; 2) contra el Plan de Empleo Juvenil, el 14-12-1988; 3) contra el Decreto que rebajaba la cuantía y la duración de las prestaciones por desempleo, el 20-5-1992; 4) contra la Reforma Laboral, el 27-1-1994; y 5) contra el Decreto que rebajaba, nuevamente, la cuantía y duración de las prestaciones por desempleo, el 20-6-2002.

Podríamos mencionar también huelgas generales que debieron hacerse y no se hicieron. Una, la de 1980 contra el Estatuto de los Trabajadores y la Ley Básica de Empleo, porque UGT, junto con la COE de Ferrer Salat ya había roto el espinazo de la parte más combativa de CCOO que se había “modernizado” con “El Acuerdo Nacional Contra el Paro y la Crisis”, punto de inflexión que ponía los beneficios económicos de las empresas como condición para la defensa de las reivindicaciones de los trabajadores. Otra, la de 1995 contra la Ley de Pensiones, porque todo el arco parlamentario, incluidos PSOE e IU apoyaron el Pacto Toledo para la reforma de las pensiones.

Sólo dos huelgas generales consiguieron los objetivos por los que se convocaron. La del 14 de diciembre de 1988 y la del 20 de junio del 2002.

En la primera, la clave fue la violencia precarizadora, privatizadora y proyanqui de los Gobiernos de Felipe González que se atrevió, al igual que Zapatero, a incumplir todas sus promesas electorales “por el bien de España”. La vertebración política que quedaba a la izquierda del PSOE tuvo el suficiente músculo para paralizar el país. Luego, en lugar de proyectar hacia adelante la fuerza de la clase trabajadora para revertir el neoliberalismo del PSOE, la disipó en una negociación llamada “Iniciativa Sindical Prioritaria” que consiguió algunas reivindicaciones sociales positivas pero desproporcionadamente insuficientes.

En la segunda, el Movimiento Antiglobalización, reactivado por el ataque a Afganistán en octubre de 2001, la campaña contra la III Presidencia Española de la Unión Europea el primer semestre de 2002 y la amenaza de ataque a Iraq, consiguió movilizaciones de masas en todo el estado, muy en particular el 15 de marzo de 2002 en Barcelona. La participación de la mayoría de los sindicatos de clase y de la corriente de los críticos de CCOO en dicho movimiento, empujó a CCOO y UGT a convocar la huelga general y propició, por motivos electorales, el posterior apoyo del PSOE contra el gobierno del PP autor del Decretazo. La situación de la clase obrera era muy distinta a la de la última huelga general en 1994 por la desmovilización y la precariedad. Sin embago, la huelga salió dignamente y la tarde del 20-J-2002 se manifestaron más de 2 millones de trabajadores en todo el país, lo que obligó al Gobierno del PP a retirar el 90% del contenido de su decreto contra los parados.

Huelga General y Poder Constituyente. La movilización es la sustancia del diálogo social. Sin ella es inevitable el “síndrome del gestor” consistente en que los representantes hacen buenos negocios para ellos mismos a costa de sus representados. Esos negocios producen un ajuste democrático entre una clase obrera cada vez más desencantada, desmovilizada e individualizada y una burocracia sindical cada vez más degenerada.

El desarrollo económico capitalista depende de la degradación del trabajo y de l@s trabajador@s. Cualquier mejora material es precaria, reversible, a costa de otr@s trabajador@s, de la naturaleza y de la conciencia de sus beneficiarios. La huelga general es la expresión más fiel de la contradicción capital-trabajo y fuente del poder constituyente de la clase trabajadora. Sin vocación constituyente, las luchas se reducen a escaramuzas corporativas para vender más cara la fuerza de trabajo dentro del mercado. Y de las reglas del mercado sólo sale más mercado. La huelga general, en manos del actual nacionalsindicalismo, lejos de perseguir la acumulación de fuerza para detener la violencia del capitalismo global, es sólo una muestra “democrática” de desacuerdo e impotencia. A mayor gloria de las burocracias sindicales.

A pesar de todo, el 29 de septiembre de 2010, ¡A la Huelga General!

Los que tienen la capacidad para convocar una huelga general, tienen mucho que ver con los motivos que la inspiran. Este modelo sindical, que antepone la negociación a la movilización y pide perdón cuando convoca una lucha justa, está fracasado. Pero no tenemos otro. Convocar y participar en la huelga general es necesario porque expresa los sentimientos de lucha de la parte más consciente y valerosa de l@s trabajador@s y puede servir para cambiar el modelo sindical.

Los jefes sindicales ya nos han dicho que les parece muy mal hacer la huelga. Las tradiciones del movimiento obrero nos dicen lo contrario. Debemos mirar a nuestra memoria histórica y ver la huelga general, no centrada exclusivamente en las empresas, sino también en el resto de la sociedad convocando a todas las víctimas del terrorismo del mercado y del estado.

La movilización es el único caldo de cultivo donde se abre la posibilidad de salir de esta ciénaga. Independientemente de su resultado y de los réditos que obtenga la burocracia sindical para perpetuarse, la huelga general es un terreno favorable, aunque no el único, para la autodeterminación de las personas amantes de la justicia, la igualdad, los derechos humanos y la naturaleza.

 

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