Monólogo político y diálogo social

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ANTECEDENTES Y CONTENIDOS DE LA REFORMA LABORAL

El 29 de Abril de 2004, nada más llegar al gobierno, el PSOE inició los contactos para el diálogo social. Las materias, objetivos y orientación política de dicho acuerdo fueron suscritos, el 8 de Julio de ese mismo año, por CEOE, CEPYME, CCOO, UGT y el gobierno, en un documento llamado DECLARACIÓN PARA EL DIÁLOGO SOCIAL. El escenario de dicha firma fue el “Salón de Columnas” del Palacio de La Moncloa, de funesto recuerdo[1].

Este acuerdo contempla como prioritaria la reforma del mercado de trabajo para conseguir aumentos de la productividad. También contiene, entre otros doce temas, la reforma de la negociación colectiva y de las pensiones. Tras la firma, Fidalgo afirmó: “como el mercado laboral es un reflejo del aparato productivo, es necesario reforzarlo mejorando la productividad y la competitividad sin menoscabar derechos”.

El gobierno encargó a una COMISIÓN DE EXPERTOS la elaboración de un informe, técnico como base de los cambios a introducir en la relación salarial. Dicho informe fue publicado el 1 de Febrero de 2005 con el título: “Más y mejor empleo en un nuevo escenario socioeconómico: por una flexibilidad y seguridad laborales efectivas”. El contenido de este informe aborda, en cinco capítulos, temas como: 1) la flexibilidad externa entendida como “la capacidad empresarial para realizar contrataciones y despidos y organizar el proceso productivo mediante la utilización de servicios de otras empresas”; 2) “la flexibilidad interna como la capacidad empresarial de modificar las condiciones de empleo y la organización del trabajo dentro de la propia empresa mediante la movilidad funcional, la movilidad geográfica y la modificación de las condiciones laborales y del tiempo de trabajo”, 3) en el capítulo cuarto apunta que “la alta dosis de pacificación social de las relaciones laborales, propiciada por un proceso continuado de concertación, junto a la moderación salarial, han sido factores claves para el crecimiento del empleo”, aunque reconoce que “el crecimiento del empleo basado en la moderación salarial ha supuesto un bajo crecimiento de los salarios en amplios grupos de trabajadores”, 4) “valora positivamente las reformas laborales de 1994, 1997 y 2002, a pesar de reconocer” la alta tasa de temporalidad resultante, la reducción de la duración media de los contratos temporales y la excesiva dedicación de recursos públicos a bonificaciones empresariales de contratos que se hubieran realizado de todas formas, en particular, el contrato “de obra y servicio”.

Este informe contiene un conjunto de propuestas entre las que destacan 1) potenciar las ETTs; 2) nueva regulación del despido reduciendo su costo y agilizando el procedimiento administrativo y judicial, 3) agilizar y modernizar la negociación colectiva, 4) considerar de forma integrada la prestación por desempleo y la indemnización por rescisión del contrato laboral.

Como era de esperar, esta guía para el “diálogo social”, produjo inmediatamente los resultados previsibles. El 4 de Marzo de 2005 se firmo el ACUERDO INTERCONFEDERAL DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA (AINC) por la patronal CEOE y los sindicatos CCOO y UGT. En él se sentaban las bases para los convenios de 2005. Aunque aparcaba para el año 2006 reformas estructurales de mayor calado, ya establecía cambios de alcance: 1) nuevas estructuras salariales vinculando el salario al IPC previsto y a mejoras en la productividad, implicación de los comités de empresa en el control del absentismo laboral identificando sus causas, analizando su evolución e implementando mecanismos correctores.

El 18 de Octubre de 2005, tras un año de tiras y aflojas en medio de una gran opacidad, el gobierno presento un documento de 18 folios titulado DOCUMENTO PARA LA MESA DE DIÁLOGO SOCIAL SOBRE MERCADO DE TRABAJO. Con el objetivo declarado de reducir la alta temporalidad de los contratos (5,1 millones de contratos son eventuales, el 34% del total), propone un conjunto de medidas entre las que cabe destacar: 1) ampliar los colectivos a los que se aplique el contrato de “fomento del empleo” que contempla una indemnización de 33 en lugar de 45 días por año, 2) rebajar el margen de intervención de los jueces para decidir si un despido por causa objetivas (económicas, organizativas o productivas) se ajusta a derecho; 3) reducir las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social en un 0,5% de aquí al 2008; 4) aumentar el ámbito de intervención del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) para asumir la indemnización de empresas de menos de 50 trabajadores (actualmente de menos de 25) en caso de despidos improcedentes.

La CEOE a su vez, contestó el 25/X/05, siete días después, con un documento de 44 folios en los que propone: 1) un nuevo contrato indefinido, de carácter general, con una indemnización por despido improcedente de 33 días de salario por año trabajado, con un máximo de 24 mensualidades; 2) pasar a fijos los contratos eventuales sucesivos, en contratas y subcontratas, a condición de que la indemnización por despido sea de 8 días el primer año trabajado, 10 días el segundo año, 12 días para el tercer año y 13,5 días para el cuarto, a partir del cual, la indemnización sería de 33 días, como en el contrato indefinido expresado anteriormente, 4) rechazo de cualquier responsabilidad subsidiaria de la empresa principal respecto a las subcontratas; 5) reducción en tres puntos de la cotización empresarial a la Seguridad Social, 6) mejorar la contratación a tiempo parcial a cambio de una mayor flexibilidad en el tiempo de trabajo; 7) supresión de la autorización administrativa en los despidos colectivos, 8) revisar las causas de despido objetivo, 9) que el juez no intervenga en la valoración de este tipo de despidos; 10) ampliación del ámbito de actuación de las empresas de trabajo temporal.

Afrontar lo que se nos viene encima con este monólogo político disfrazado de diálogo social exige una descripción rigurosa de las concepciones que se ocultan tras la máscara de reformismo y consenso con que se presentan.

LA INSURRECCIÓN SILENCIOSA DE LAS PATRONALES

El libertinaje del capital se basa en la división y la inseguridad jurídica de l@s trabajador@s. Este poder es caldo de cultivo para la ingeniería laboral y las practicas ilegales: salarios y condiciones de trabajo inferiores a lo establecido legalmente, fraude de ley [2] generalizado en los contratos eventuales, inhibición y represión de los derechos y libertades sindicales, proliferación en cadena de contratas, subcontratas, ETTs, outsourcing, etc. Estos abusos son inherentes a la libertad empresarial para la descentralización, externalización y deslocalización productiva. En el caso de las empresas públicas, se suman las privatizaciones. Hoy en día, la maraña de centros de trabajo, plantillas, contratas y convenios a aplicar, sumados a la obstrucción empresarial del ejercicio de derechos fundamentales, la división y el miedo de l@s trabajador@s, hacen casi imposible la acción sindical protegida por la Constitución. Sin privar a los empresarios de la libertad de privar de derechos y libertades a la gente no es posible una sociedad democrática y pacífica.

La desregulación jurídica va siempre detrás de la desregulación de hecho. Los derechos y libertades fundamentales del Título I, no se eliminan de la Constitución, pero se violan a diario para la inmensa mayoría de los trabajadores y trabajadoras. No se deroga la precisa regulación de convenios, jornadas, condiciones laborales y derechos sindicales. Pero se incumple para la mayoría de las personas precarizadas, para todas las que trabajan en la economía sumergida y para un número creciente de personas con contrato indefinido. La desregulación “de hecho” significa el incumplimiento empresarial de las normas, garantías, leyes, convenios y reglamentos existentes. Eso es lo real.

Las reformas laborales van ajustando las leyes de rango inferior a la realidad política del mercado de trabajo sin modificar – hasta ahora - la protección de esos derechos en las leyes orgánicas y en la Constitución. Esta forma de proceder legaliza - aunque dicha legalización sea anticonstitucional - situaciones que antes eran tan ilegales como reales. Al incumplir de manera estructural las leyes protectoras del trabajo y de los trabajadores, los poderes públicos contribuyen a disolver el derecho laboral y la dimensión social del Estado, creando una inseguridad jurídica generalizada para l@s trabajador@s. El resultado es una incongruencia entre la formalidad de la ley y la materialidad de su aplicación. Esta dinámica deja, para quien quiera verlo, un resplandeciente rastro de fraude de ley, prevaricación y privación de derechos y libertades fundamentales para millones de trabajadores y trabajadoras.

Una anomalía de esta dimensión no sería posible sin la complicidad del poder judicial, que consiente una lectura jerarquizada de las normas y sin la cooperación necesaria del sindicalismo mayoritario, que lo considera parte del paisaje y un daño colateral inevitable de la globalización y la competitividad. El resultado, es una mayor seguridad jurídica para las inversiones y una creciente inseguridad jurídica para las personas en sus dimensión de trabajador@s, consumidor@s y ciudadadan@s sujetos de derechos y libertades.

IDENTIDAD DE VOCABULARIO ENTRE GLOBALIZADORES Y ALTERGLOBLAIZADORES

Aunque la legislación laboral, reforma tras reforma, va desregulando el mercado de trabajo, aún quedan muchas leyes laborales y sindicales que se incumplen masivamente por parte de los empresarios. La contradicción entre la existencia formal de las leyes y el incumplimiento real de las mismas supone la dejación de l@s trabajador@s a la hora de exigir su cumplimiento. Este desistimiento “voluntario” de los propios derechos, no tiene su origen en la sicología de las personas trabajadoras sino en la impotencia sindical ante las prácticas ilegales de los empresarios.

Cabe preguntarse: 1) cuál es la explicación de que l@s trabajador@s acepten el incumplimiento de las leyes laborales y sindicales, por parte de los empresarios y 2) qué tipo de sindicalismo es el que necesitamos para enfrentar la creciente explotación y privación de derechos que sufre la gente trabajadora.

Cuando Fidalgo dice que “el mercado de trabajo es el reflejo del aparato productivo”, condena cualquier oposición real. El aparato productivo, formado por edificios, tecnología, instalaciones, energía y organización, es decir, por capital, es un conjunto de mercancías que sólo cobran vida por el trabajo, es decir por la energía vital de los hombres y mujeres trabajador@s. Cuando la fuerza de trabajo, que en su naturaleza es actividad productiva de una persona, es obligada a comportarse como una mercancía, la economía y el trabajo se convierten en un instrumentos del capital al margen de las necesidades de la sociedad y de l@s trabajador@s.

Solo a partir de este hecho político, que con la ayuda de Fidalgo pasa por ser algo natural, el trabajo se transforma en una mercancía similar a las herramientas o las materias primas. A partir de aquí, el trabajo que, a diferencia de las otras mercancías es vida humana y actividad social, queda sometido a las leyes de la oferta y la demanda.

Si se acepta que el trabajo es una mercancía regulada por un mercado - el mercado de trabajo - donde rige la competitividad, que es una determinación del capital, cualquier solución que no respete dicha determinación es políticamente imposible. El paro no puede resolverse rebajando la jornada laboral, es decir repartiendo las horas de trabajo necesarias para la producción social entre el conjunto de trabajador@s, porque desciende la productividad y los beneficios se resienten. Aceptar este hecho supone aceptar que la economía no esta para resolver los problemas de la gente, sino que por el contrario, es la gente la que está para resolver los problemas de la economía.

Si aceptamos: 1) la propiedad privada de los puestos de trabajo en manos de los empresarios, 2) la mayor fuerza legal de los derechos del capital sobre los derechos de las personas trabajadoras, 3) la libertad de movimiento de los capitales y 4) la incorporación de nuevas tecnologías en el proceso productivo, la única forma de resolver el paro es la redistribución del tiempo de trabajo. Es decir, repartir el volumen de trabajo que la economía necesita en cada momento entre el número de personas que buscan un empleo y adaptar constantemente ese reparto a las inestabilidades del mercado.
Todo esto es incompatible con una regulación política y democrática de la relación capital – trabajo que proteja a la parte más débil: la persona que trabaja.

Desde la actual lógica económica es imposible garantizar 1) la estabilidad entre la persona trabajadora y su puesto de trabajo, 2) el salario suficiente, 3) la jornada laboral respetuosa con las necesidades sociales y con los cuidados, 4)el derecho a la vida y a la integridad física y síquica de l@s trabajador@s.

Si partimos de que el beneficio, la productividad y la competitividad aceptadas sin reservas por los sindicatos son la clave para el empleo estable y con derechos, tenemos un problema. Si el buen fin del negocio es la condición para los derechos laborales, no hay más remedio que desregular la protección legal a 1) la jornada (límite de horas y garantía de espacios de vida social, de cuidados, de cultura y de participación política, al margen del tiempo productivo), 2 ) la relación entre el tipo de contrato laboral y el tipo de actividad que supone el puesto de trabajo ocupado (principio de causalidad) y 3) un salario suficiente para una vida digna. Resumiendo, la economía globalizada, la libertad de movimientos del capital y sus “ineludibles” exigencias, (descentralización, externalización, desregulación, deslocalización) son incompatibles con los derechos humanos, los derechos sociales y las libertades democráticas.

Referirse a la gente trabajadora como “mercado de trabajo”, es vincular su destino al de mero instrumento del capital. Referirse al trabajo como sí fuera una mercancía, es apología de un modelo socioeconómico que explota, oprime, miente, enferma, mata, y agobia, más que ningún otro en la historia de la humanidad. Es decir, es apología del terrorismo.

La “modernización” sindical consiste en la incorporación de la teoría y la política del capitalismo a la propia base ideológica de los sindicatos. La asimilación de las razones del enemigo es la clave de la transformación de la izquierda en izquierda capitalista y dicha transformación es la causa de la disgregación y la indefensión de l@s trabajador@s. Esta politizada despolitización, bloquea la potencia negadora y transformadora de l@s perjudicad@s y construye una subjetividad que nos vuelve impotentes y cómplices. Quienes ignoren este aspecto de la cuestión, podrán defender, eventualmente, a los trabajador@s y a los pobres, pero no harán nada útil contra la explotación, la desigualdad y la pobreza.

Tras una apariencia civilizada y democrática, dialogar sin movilización contiene efectos perversos: Sustituye e impide la movilización y legitima - como lo único posible - lo acordado y la desmovilización. Cuando la gente trabajadora ve cómo aumenta su inseguridad y disminuyen sus derechos sociales, lo que hace falta no es diálogo, sino fuerza para revertir el proceso. El diálogo es la parte del final de la lucha. La parte en la que el enemigo acepta sus concesiones por escrito y formaliza los derechos que se ha visto obligado a conceder.

Cuando crece la angustia por la falta - o el exceso - de empleos, cuando las mujeres ingresan en el mercado de trabajo basura sin reducir su actividad en los cuidados familiares y cuando crece la osadía, la ilegalidad y el abuso de los empresarios, un sindicato de clase (obrera) solo puede dialogar sobre la base de la fuerza. Esa fuerza surge de la expresión y unificación de las necesidades insatisfechas y los derechos vulnerados y de la organización de la lucha social.

El sindicalismo “oficial” hace lo contrario. Esto le conduce a tener cada vez menos fuerza propia como representante de los de abajo y al tiempo, tener cada día más fuerza otorgada como un instrumento de los de arriba. Los enfrentamientos que surgen por doquier no son alentados y agregados, como fundamento de su fuerza frente a los abusos empresariales, sino sofocados, como una amenaza a la mediación monopolista de la burocracia sindical como reguladora del conflicto social.

POR UN MOVIMIENTO OBRERO ANTIGLOBALIZACIÓN

El funcionamiento de esta lógica sindical - puntualmente interrumpida por el Movimiento contra la Europa del Capital y la Guerra, que obligó a CCOO y UGT a plantar cara al “decretazo” del desempleo del PP, mediante una huelga general el 20-VI-2002 - conduce al decaimiento paulatino, tanto de las luchas, como de la conciencia de su necesidad en las generaciones de jóvenes, inmigrantes, hombres y mujeres trabajador@s. Sobre esta impotencia avanza la globalización capitalista y el protagonismo político de sus gestores de derecha y de izquierda. Estos últimos se autodenominan “alterglobalizadores” y representan a la izquierda en el “diálogo social”.

El resultado palpable, más allá de la propaganda, es el aumento de la diferencia, la inseguridad y la exclusión social. Estos azotes no generan rebelión sino sumisión porque, con ellos, avanzan tanto el consumismo irracional, verdadera ideología capitalista disfrazada de “progresismo tecnológico” como el individualismo, que desplaza la competitividad al interior de la clase trabajadora, bajo la forma de lucha por los puestos de trabajo escasos y por el favor del empresario.

Necesitamos reconstruir un discurso verdadero, en lo tocante al trabajo y a los trabajadores y trabajadoras, para iluminar la experiencia de las luchas aisladas con la comprensión de sus causas estructurales. Mirando solo al interior de cada empresa y de cada lucha local o sectorial, no se puede entender el origen de los daños, ni identificar al enemigo común. Nuestra propuesta es: el principal problema del mercado del trabajo es precisamente esta denominación. Dicho de otra manera: El principal problema de todo el trabajo, el asalariado y el de cuidados, es el mercado. El trabajo de cuidados tiene, además, un problema especifico: la desigualdad de las mujeres y la ideología que la legitima: el machismo.

Necesitamos un FRENTE UNICO CONTRA LOS ABUSOS PATRONALES Y LA REFORMA LABORAL de los “alterglobalizadores”. Un potente movimiento obrero, feminista, ecologista y defensor de la paz y la seguridad para todos. Un Movimiento Obrero Contra la Europa del Capital, la Globalización y la Guerra.


NOTAS

[1] En Octubre de 1977 se firmaron, en este mismo salón, los Pactos de La Moncloa que supusieron el principio del fin de la movilización popular que permitió la transformación del régimen franquista en la monarquía militar de mercado que hoy seguimos disfrutando.

[2] Fraude de Ley. Uso de una ley para finalidades distintas de los supuestos que regula