jueves, 23 de noviembre de 2017
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Los desreguladores necesitan regular la desregulación

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REFORMA LABORAL Y UNIDAD DE LA IZQUIERDA. (LA ALTERGLOBALIZACION ERA ESTO)

LA REGULACIÓN DEL TRABAJO.

Regular un proceso es controlarlo más allá de sus fuerzas espontáneas. Regular el mercado de trabajo consiste en establecer límites y reglas del juego, en forma de convenios y normas, para la compra - venta de la fuerza de trabajo más allá de las leyes del mercado y de la insaciable voracidad empresarial. Poner límites consiste en establecer suelos y techos fuera de los cuales y al margen de la voluntad de cada empresario y del “interés” de cada trabajador, no se “pueden” establecer salarios, jornadas, ritmos y condiciones laborales exageradamente lesivas para l@s trabajador@s.

El Código Civil, como norma jurídica fundamental de las sociedades de mercado, parte de una noción abstracta que considera a todos los individuos iguales, libres y propietarios. Al hacerlo, oculta la desigualdad social entre empresari@s y trabajador@s y entre hombres y mujeres. Este ocultamiento sirve para perpetuar dicha desigualdad. Las regulaciones de la relación entre el trabajo y el capital (relación salarial) proceden, fundamentalmente, de las luchas de hombres y mujeres trabajador@s durante generaciones. Este esfuerzo histórico ha conseguido implantar en el Derecho burgués un hecho real, la desigualdad constituyente de la relación salarial, favorable al capital y desfavorable al trabajo.

En el capitalismo, la regulación protectora de las personas trabajadoras constituye una anomalía del Derecho Civil cuyo nombre es “Derecho del Trabajo”. Su contenido engloba las leyes laborales, sindicales y de protección social. Esta rama del derecho no existiría sin un honroso pasado de resistencias, huelgas, ocupaciones, sabotajes y revoluciones contra la explotación y la violencia consustanciales al capitalismo. El derecho laboral supone una intervención política sobre el mercado de trabajo cuyos resultados son contradictorios. Por un lado, establece límites legales a la vampiresca sed de trabajo no pagado de los empresarios. Por otro, legitima la aberración de que el trabajo humano sea tratado como una mercancía. El derecho laboral es, sobre todo, producto de las luchas obreras. Pero también de la iniciativa política del estado capitalista que, en algunas ocasiones, necesita limitar las condiciones laborales dañinas y esquilmadoras que pudieran promover revoluciones o poner en riesgo la continuidad de la raza de l@s asalariad@s.

El trabajo de cuidados que realizan las mujeres, no existe para la contabilidad nacional ni para las estadísticas laborales. Las leyes que lo regulan son implícitas y se basan en una opresión de género funcional a la opresión de clase. La debilidad de la lucha obrera feminista o, dicho de otro modo, del feminismo anticapitalista, explica la profunda desigualdad social y legal de las mujeres respecto a los hombres. Sobre esta desigualdad flota el sistema capitalista. Que el trabajo de cuidados recaiga sobre las mujeres es un hecho que 1) beneficia al capital y a los hombres, 2) supone una dependencia y un esfuerzo suplementario para las mujeres y 3) expresa el profundo arraigo de una opresión secular en las sociedades autodenominadas “modernas”.

Cuando las leyes laborales y sindicales no conectan periódicamente con la fuente de su fuerza, la lucha general de l@s trabajador@s, dichas normas tienden a convertirse en palabras vacías que, al no infundir respeto, no se cumplen por los empresarios. No hay equilibrio en la inagotable lucha de clases de los explotadores contra el pueblo trabajador y contra las mujeres. Si no se revalidan los derechos sociales, aunque estén en la misma Constitución, se incumplirán de forma creciente, como se incumplen hoy en día.

GLOBALIZACIÓN Y DERECHO LABORAL.

El paradigma neoliberal de la globalización económica es incompatible con cualquier regulación política que proteja la vida y los derechos de la gente de abajo y de las mujeres. Lo que se globaliza es la forma mercancía. Esto quiere decir que, factores que en su naturaleza no son una mercancía, como la tierra, la vivienda, la salud, la educación o el trabajo de las personas, se ven obligados a comportarse como lo que no son, es decir, como mercancías.

La economía global, basada en el beneficio empresarial y la competitividad, necesita abatir constantemente los costes productivos. El trabajo asalariado, al ser la única mercancía capaz de generar más valor que el de su propia producción, es el factor productivo flexible por excelencia. Oculta tras de sí el trabajo de cuidados, sin el cual no existiría y constituye la única fuente del valor. Esto significa una contradicción antagónica entre cualquier regulación política del trabajo laboral y de los cuidados, con las leyes del mercado global.
Como señalan constantemente los economistas y políticos a sueldo de las multinacionales. “La causa del estancamiento económico de Europa es la excesiva regulación del trabajo. La protección del trabajo introduce una gran rigidez por los procedimientos complicados y costosos del despido y por las dificultades para mover geográfica y funcionalmente la mano de obra, en base a las necesidades que demanda el mercado. Las “políticas activas de empleo” deben evitar que la protección del desempleo sea la causa del mismo. Si una persona cobra 600 € de prestación por desempleo, nunca aceptará trabajar por una cantidad inferior. Desde el punto de vista económico, es irracional que una persona, además de no producir nada y de no generar ingresos fiscales - IRPF, cuotas a la Seguridad Social -, gaste dinero público. Por lo tanto, es necesario eliminar los obstáculos que impiden que esta persona esté a resguardo de las leyes del mercado. Los costes salariales no caerán sin que las personas paradas se vean obligadas a competir por las empleos escasos”.

Este discurso, compartido por los gobiernos de cualquier color, pero también por los partidos de izquierda y los grandes sindicatos, es la base de las políticas de empleo y de protección social de la socialdemocracia europea. Su aceptación convierte en irracional cualquier regulación que proteja al trabajo y a las personas trabajadoras. En ausencia de la fuerza que impuso el derecho laboral como un límite político al mercado, el único principio de realidad, es dicho mercado. El discurso del “diálogo social” y el “consenso”, en las actuales condiciones de libertinaje empresarial, es la teoría que teoriza la derrota práctica de la clase obrera y la subordinación de toda la sociedad y de la naturaleza a la soberanía del capital y de los empresarios.

Los actuales regímenes parlamentarios de mercado son la forma política desde la que se desregula la relación salarial y se desmonta la protección social de forma “democrática” y sostenible. Esta dinámica reduce las garantías sociales y las privatiza, convirtiéndolas en oportunidades de negocio para el capital y utiliza la necesidad de trabajo (cooperación, obtención de recursos de vida, autoestima y pertenencia) de la gente, como mecanismo de sometimiento de las personas trabajadoras a un mercado regido por la voluntad de los poderosos.

Para quienes se reclaman defensores de los derechos humanos, la justicia y la democracia, la mera aceptación del término “mercado de trabajo” supone una derrota conceptual de entrada. El trabajo es vida humana y no una mercancía. La violencia competitiva del “libre mercado” disuelve los principios de humanismo y derecho a la vida, imponiendo condiciones laborales homicidas. En el Estado Español, cinco mil trabajador@s pierden la vida cada año como consecuencia de accidentes y de canceres, encefalopatías tóxicas o enfermedades y lesiones vinculadas a sus condiciones laborales.

LA DESREGULACIÓN.


La regulación política de las condiciones de vida y trabajo de las personas, es reflejo de las conquistas obtenidas por la lucha general de l@s trabajador@s. Pero si las leyes protectoras se desvinculan de la fuerza del movimiento obrero, dichas palabras son un significante vacío cuyo significado depende de quien las administra. Sin fuerza social, términos como “Empleo Estable y con Derechos” pueden significar, como significa desde el “Acuerdo Interconfederal por la Estabilidad en el Empleo” de 1997, firmado por CCOO – UGT y CEOE – CEPYME, un nuevo contrato fijo tipo “b” pero que, a diferencia del fijo de siempre, supone que, en caso de despido, la indemnización no será de 45 días por año sino solo de 33 días por año.

Si las palabras que regulan y protegen las condiciones de trabajo de la gente, no son administradas por un movimiento obrero anticapitalista, sino por una clase política y sindical que está de acuerdo en llamar mercado al trabajo y mercancías a las personas trabajadoras, esas palabras se utilizan para lo contrario de lo que dicen.

A diferencia de la regulación, que supone acuerdos escritos y leyes, la desregulación no requiere liquidar las palabras y las normas reguladoras. Basta con darles un significado distinto en su aplicación o, simplemente, incumplirlas. El “consenso” y el “diálogo social” son las instituciones de esta insurrección silenciosa de las patronales y de esta derrota sorda de la clases obrera. L@s trabajador@s segmentados, individualizados y compitiendo entre sí, no pueden sobreponerse al vacío del poder necesario para impedir los desmanes de las patronales. El sindicalismo cubre con mentiras y lenguaje keynesiano las vergüenzas de su corrupción y de su miedo a enfrentarse con el poder descarnado de los empresarios. El resultado es la impotencia y la desmoralización, caldo de cultivo del individualismo y la competencia entre los de abajo, a mayor gloria de los de arriba. Esta es la causa de que la explotación y la inseguridad no generen antagonismo sino sumisión y competencia entre los hombres y mujeres trabajador@s.
Aceptar que el trabajo es una mercancía, que la relación salarial es un mercado o que los puestos de trabajo, llave para la pertenencia social y la autonomía de tod@s, esté en manos de los empresarios, es, desde el punto de vista del sindicalismo de clase, un suicidio. Al asumir las razones del enemigo, solo cabe funcionar con la moral del esclavo.

Es necesario juzgar política y éticamente a un sistema que sitúa a millones de personas en la extrema necesidad para obligarlas a aceptar “voluntariamente” las condiciones laborales más ignominiosas. Un sistema que, al tiempo que priva de derechos humanos a la mayoría de la gente, convierte en necesidades imperiosas cuestiones absolutamente superfluas, encadenando a las personas de por vida a créditos bancarios, causa, tanto de su indefensión frente al trabajo basura como de su vida basura.

Quien se vende barato para sobrevivir y quien lo hace para disfrutar de un consumismo desaforado, son víctimas de una enorme violencia social. Su comportamiento no es el resultado de un proceso natural, sino de un proceso político de individualización, aislamiento, manipulación y represión. La complicidad de la izquierda otorga a este proceso la apariencia de natural e inevitable.

El vacío de enfrentamiento contra los de arriba y la naturalización de la coacción y de la lucha entre los de abajo, convierten la desregulación, es decir la ilegalidad y la violencia de los de arriba, en algo “normal” y “democrático”.

CONTRADICCIONES DE LA DESREGULACIÓN PARA LOS DESREGULADORES.

Desde el incomparable marco de nuestra monarquía militar de mercado, la ilegalidad empresarial se beneficia de la privación de libertad de quienes, frente al despido, solo pueden elegir los abusos. Desde hace 25 años, todos los gobiernos, centrales y autonómicos, de derechas o de izquierdas, con la complicidad o la pasividad del sindicalismo mayoritario, han impulsado y legalizado esta dinámica a través de sucesivas reformas laborales. El resultado, en todo el Estado Español, es un mercado de trabajo cuyas características de precariedad, explotación y siniestralidad, no tienen parangón en Europa.

La tendencia compulsiva a abaratar costes, legitimada por la “obligatoria” economía global y sin izquierda que le ponga ningún obstáculo real, ha conducido a empresarios castellanos, vascos, andaluces y catalanes, a escoger a trabajador@s sumisos y baratos antes que a trabajador@s libres y conscientes. Esta opción les ha producido grandes beneficios, pero ha deteriorado el perfil calidad/precio de sus productos y, al generalizarse, ha repercutido negativamente en la competitividad internacional de la economía española. Esto quiere decir que la precariedad y la inestabilidad del mercado de trabajo español, (el doble de la precariedad media europea), además de una mina de oro, se ha vuelto una amenaza para nuestros “emprendedores”.

Una vez más, los políticos intentan poner coto a la voracidad de cada capitalista individual para salvaguardar los intereses generales del capitalismo. Desde 1997, la excesiva temporalidad del mercado de trabajo es un diagnóstico compartido por todos los integrantes del “Diálogo Social”: el gobierno (del PP desde 1996 y del PSOE desde 2004), la patronal (CEOE – CEPYME) y los sindicatos (CCOO y UGT). De este diagnóstico se deriva una conclusión, también compartida, sobre la necesidad de una intervención política en el mercado de trabajo para disminuir dicha temporalidad.

EL GOBIERNO.

La reforma laboral en curso obedece a la iniciativa política del PSOE. Desde un acuerdo básico con patronal y sindicatos, para modernizar el mercado de trabajo y la protección social, el Gobierno ha hecho de la Reforma Laboral uno de los ejes de su política reformista que, hasta la fecha, mantiene el diálogo social, como seña de identidad.

Sin embargo, para el gobierno, la Reforma Laboral está envuelta, en un huracán de problemas: el estancamiento económico en Europa; la subida de los precios del petróleo; las luchas de pescadores, transportistas y agricultores pidiendo subvenciones al gasoil; los despidos y chantajes de las multinacionales que, como SEAT, se toman la justicia por su mano sin contar con el “Diálogo Social”; la amenaza del aumento de los tipos de interés sobre la hipotecada economía de cinco millones de familias en España; la renovación de los estatutos de autonomía con la consecuente reforma constitucional y la batalla por la financiación de los déficits autonómicos; las tensiones soberanistas en Cataluña, y sobre todo el movimiento popular vasco por la autodeterminación. El encaje de todos estos problemas en pactos para el apoyo a los PGE de 2006, ha supuesto una gran inestabilidad. Esto explica la anormal duración del proceso de Diálogo Social y los espasmos, interrupciones y desplantes de la patronal que lo han presidido. Según el calendario original del gobierno, la reforma del mercado de trabajo debería estar resuelta antes del Otoño de 2005. Posteriormente y antes del fin de dicho año, suscribir el nuevo Acuerdo Interconfederal de Negociación Colectiva (A.I.N.C.) para 2006, (recientemente prorrogado ante la falta de acuerdo) y la Ley de Dependencia que creará y regulará un enorme mercado de atención a las personas que carecen de autonomía por parte de empresas privadas, con un enorme aparato de productos financieros e hipotecarios para engrasar la maquinaria. Esta iniciativa ha conseguido a la Mesa de Diálogo Social, sobre el que se ha elaborado un proyecto de ley que aún no ha iniciado el debate parlamentario.
Zapatero declaró el 6 de Mayo de 2005 ante una asamblea de delegados de UGT: “El diálogo social es un tesoro. El gobierno procurará cuidarlo de la manera que puede hacerlo, escuchando a los agentes sociales. No habrá ninguna reforma del mercado de trabajo que no cuente con el acuerdo de empresarios y sindicatos. Ese es mi compromiso”

Sin embargo, la parálisis de las negociaciones llevó al Secretario General de Empleo Valeriano Gómez a realizar unas declaraciones contrarias en Julio de 2005. “Si la mesa tripartita no alcanza un acuerdo, el gobierno lo solucionará, porque el gobierno no renuncia a gobernar”. Valeriano dijo esto tras una entrevista con una delegación del Fondo Monetario Internacional, empeñado en la necesidad de modernizar el empleo y las pensiones en Europa. Quizá estaba bajo un síndrome que Durruti describió en la guerra civil española: “no hay nada que me dé más miedo que un requeté después de comulgar”.
Transcurrido el verano sin acuerdo alguno en la Mesa de Diálogo Social, el 18 de Octubre de 2005, el gobierno presentó un documento con su propuesta (abaratar el despido a 33 días para nuevos colectivos, facilitar el trámite judicial para el despido por causas objetivas, reducir la cuota empresarial a la Seguridad Social y ampliar a empresas de hasta 50 trabajadores la intervención del Fondo de Garantía Salarial para indemnizaciones a los trabajadores en caso de insolvencia empresarial.

LA PATRONAL.

Las diferencias sobre el Salario Mínimo Interprofesional (S.M.I.) entre Caldera (Ministro de Trabajo) y Solbes (Ministro de Economía y Hacienda), fueron aprovechadas por la patronal para bloquear la Mesa de Diálogo Social en lo relativo a la negociación colectiva durante varios meses. Finalmente, se firmó dicho acuerdo para 2005 en Marzo de ese mismo año, dejando pendientes algunos objetivos fundamentales de la patronal pero consiguiendo otros. La inestabilidad del escenario político y económico explica que patronal y sindicatos no hayan avanzado más en sus transacciones para “modernizar” las relaciones laborales.

El 25 de Octubre, la CEOE presento un documento de propuestas que en resumen son: nuevo contrato indefinido con indemnización por despido de 33 días/año; hacer fijos a eventuales de contratos sucesivos rebajando sus indemnizaciones por despido a 8, 10, 12 y 13,5 días/año, respectivamente, en los cuatro primeros años de dicho contrato; reducción del 3% en la cuota empresarial a la Seguridad Social; más flexibilidad en la jornada del contrato a tiempo parcial; facilidades para los despidos colectivos; ampliación del campo de las ETT´s.
Los empresarios trabajan con el viento en las velas de las recomendaciones de todos los organismos del capitalismo internacional. La OCDE instó, el 12/VII/05, a los 12 países del euro a que “flexibilicen el mercado laboral, especialmente la protección a ultranza de puestos de trabajo indefinidos, que liberalicen el sector servicios y que restablezcan la viabilidad de las finanzas públicas para hacer frente al envejecimiento de la población y no quedar estancados en un crecimiento del 1% antes de 15 años, lo cual aumentaría la diferencia con el crecimiento de la economía de EEUU”.

El gobernador del Banco de España, Javier Caruana, expuso sus iniciativas para la reforma laboral el 22 de Junio de 2005 ante la Comisión Económica del Congreso de los Diputados: “las empresas deben tener capacidad para adaptarse a las distintas situaciones lo que, en legislación laboral, implica que tengan más facilidad para deshacerse de sus plantillas en circunstancias económicas adversas”. Recomendó que “las mejoras laborales se vinculen a la productividad”.

La patronal no está dispuesta a resolver los problemas de productividad de los trabajadores eventuales sin sacar tajada a cambio. José Mª Cuevas (CEOE) manifestó durante el curso “La empresa española ante los nuevos retos de la internacionalización”, en la Universidad Menéndez Pelayo que “comparte con los sindicatos la necesidad de reducir la temporalidad pero que no comparte algunas formalidades ya que se pueden revisar limitaciones a la contratación temporal pero con una reducción y liberalización de costes en la contratación indefinida”. Su referente es la reforma laboral de 1997: “Ahora es el momento de generalizar esa formula, ampliando los contratos indefinidos con menor indemnización por despido. Pero aunque se rebajen las cuotas a la Seguridad Social los empresarios no vamos a aceptar más rigideces en las relaciones laborales”. (Se refería a poner coto a los desmanes de la subcontratación).
 

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