domingo, 19 de noviembre de 2017
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Día de las luchas campesinas (17 de abril de 2011). En defensa del principio de precaución. No a la importación de transgénicos

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Viviana Peralta vive en Urquiza, ciudad de San Jorge, provincia de Santa Fe (Argentina). Hace 2 años denunció a las autoridades que su hija se ahogaba cada vez que los productores de soja transgénica fumigaban glifosato, herbicida que no mata a la soja porque está genéticamente modificada para tolerarlo. El juez, aplicando el principio de precaución que impide la comercialización de un producto si no demuestra su inocuidad, decidió suspender las fumigaciones terrestres a menos de 800 metros de las viviendas o a menos 1500 metros, si la fumigación es aérea.

Esta medida se produce en el contexto de “Paren de Fumigar”, una campaña que documenta, con pruebas aportadas por las víctimas, los daños provocados en Argentina por el monocultivo de soja transgénica. Da la razón a las denuncias que, médicos de las zonas sojeras han realizado durante décadas contra el envenenamiento de la población debido a las fumigaciones.

Sin embargo, el Ministerio argentino de Producción (Agricultura), el Ayuntamiento de San Jorge y el Gobierno de Santa Fe, en defensa de los latifundistas sojeros, recurrieron la sentencia. El Juez exigió a estas instituciones que aportaran las pruebas de que las fumigaciones eran inocuas.

Después de 2 años, la justicia ha dado la razón a Viviana con la siguiente argumentación: 1) el Ministerio de Producción no ha presentado ningún informe, lo que el juez toma como indicio de que los recurrentes no pueden probar la inocuidad de las fumigaciones, 2) el informe de la Universidad Nacional del Litoral “no plantea con grado alguno de convicción que sea conveniente continuar con las fumigaciones, sino todo lo contrario” y 3) las instituciones sanitarias informan que, con el cese de fumigaciones, se han reducido las afecciones de la población. Aunque esta conexión no está totalmente confirmada, plantea una hipótesis “bastante plausible” y, en aplicación del principio de precaución, el juez decide mantener la medida.

Esta sentencia sienta jurisprudencia para nuevas denuncias contra las fumigaciones. Otras 300 poblaciones que, como el barrio de Urquiza, están en zonas sojeras se animarán a iniciar demandas similares.

Sin embargo, el “Grupo de Reflexión Rural” argentino nos recuerda que: “La condena alcanza solo a los denunciados y en la distancia que se indica”. No protege a toda la población sino sólo a los demandantes: “consideramos absolutamente positivo que las víctimas se defiendan en la forma en que mejor les sea posible, y estamos contentos por la familia Peralta, a quienes expresamos nuestro respeto y apoyo, pero no podemos olvidar a quienes viven más allá de los 1.500.”

Al igual que la lucha contra los transgénicos no puede reducirse a negociar la distancia respecto a cultivos no transgénicos, la lucha contra el modelo agronómico de la soja transgénica no puede reducirse a la distancia recomendable de fumigación de glifosato: “las luchas parciales, campo por campo fragmentan las luchas en un mar de soja de más de 20 millones de hectáreas, a no ser que sean las defensas puntuales por parte de las propias víctimas, en resguardo de sus vidas, pero nunca como acciones o propuestas políticas a generalizarse.” Pensamos que no debemos dar batallas para “controlar las fumigaciones”, de lo contrario no hubiésemos acuñado jamás la consigna “Paren de Fumigar”, que en realidad siempre encerró una crítica profunda a un modelo, más bien nos hubiese quedado más cómoda alguna consigna como “Fumiguen lejos de las ciudades o dejen de fumigarnos a nosotros” y esto no es una simple ironía, se trata de no legitimar con nuestras acciones los designios de las Corporaciones. Pretender instalar este tipo de acciones en defensa de lo urbano y como luchas políticas es una insensatez que demuestra que las mismas son pensadas en el mejor de los casos, por ciudadanos que no conocen la vida rural ni la propia historia de la Argentina. Seguir por este camino nos condena a dejar de luchar por repoblar el campo o pretender conservar las tradiciones de nuestros pueblos mestizos; en definitiva, a que renunciemos a cambiar el futuro de nuestra América y el objetivo de conseguir la Soberanía Alimentaria.”

Coincidimos con el Grupo de Reflexión Rural. Los transgénicos son producto de una agricultura basada en la industrialización y la producción a gran escala de alimentos para el mercado mundial con un objetivo exclusivo y excluyente: el beneficio de las multinacionales que la promueven. El resultado es una agricultura y una alimentación contaminante y tóxica que, en lugar de contribuir a la seguridad y la soberanía alimentaria de la población y a la defensa de la naturaleza, expulsa a millones de campesinos de sus tierras entregándoselas a grandes corporaciones con la complicidad de los poderes públicos. Los desmanes del capitalismo global se abaten sobre la humanidad y la naturaleza. La crisis alimentaria, consecuencia de la industrialización, el libre comercio y la especulación con los alimentos tiene, en los transgénicos, una de sus causas. Los sectores sociales más desfavorecidos, los campesinos y las mujeres, son las víctimas directas de la agricultura industrial y transgénica.

Si nuestra actividad se limita a repetir ¡No a los transgénicos!, mientras pedimos la imposible regulación de la contaminación transgénica sobre la tierra y las poblaciones, la lucha contra los transgénicos es sólo aparente. Garantizar el derecho a elegir mediante el etiquetado, forma más parte del problema que de la solución. Las “zonas libres de transgénicos” comparten esta limitación porque dejan en la sombra nuestro imperialismo alimentario y sólo sirven para que no nos coloquen cultivos transgénicos cerca de nuestra casa, a costa de imponérselos a las poblaciones de los países dependientes, facilitando una ventaja comparativa para la comercialización de nuestros cultivos ecológicos (no transgénicos) a quien pueda pagarlos. Las justas reclamaciones por el castigo económico de los agricultores no transgénicos que necesitan acreditarlo mediante trazabilidad, etiquetados específicos y publicidad, son tan necesarias como insuficientes. Tampoco basta con insistir en aplicar el principio “quien contamina, paga”.

Si defendemos la seguridad alimentaria, la soberanía alimentaria, la solidaridad con los pueblos y la lucha campesina, debemos acabar de una vez por todas con este doble lenguaje.

Nuestra contribución a la defensa de la salud y la soberanía alimentaria en Argentina, en Europa y en España exige, más que nunca, la prohibición de los transgénicos. No sólo del maíz Mon 810, cuyo cultivo está prohibido en una decena de países y autorizado en Europa, sino también de todos los cultivos transgénicos, en siembra comercial y en experimentación a campo abierto. Sin prohibir las importaciones de productos transgénicos, no sirve de nada que la UE tenga la legislación sobre transgénicos más restrictiva del mundo (a pesar de lo cual, España está en vanguardia de la producción de transgénicos).

El movimiento contra los transgénicos debe asumir su responsabilidad y dejar de titubear. Si España es la primera potencia europea en transgénicos algo hemos tenido que hacer mal. Las negociaciones con el Gobierno del PSOE entre 2004 y 2006 para abordar una coexistencia imposible entre cultivos transgénicos y no transgénicos sólo han traído confusión y división en las organizaciones sociales opuestas a los transgénicos e impunidad para los abusos de las multinacionales. Nuestra debilidad explica la impunidad de las multinacionales y el vasallaje de los gobiernos.

En este contexto, se interrumpen las manifestaciones unitarias el día de las luchas campesinas de los dos últimos años, en Zaragoza y Madrid. En 2011 han sido sustituidas por un conjunto de acciones lúdico-reivindicativas sin mensaje unificado, ni condena cabal de los transgénicos que, a falta de autocrítica de quienes dirigen el cotarro, mantienen una ficción que debe concluir lo antes posible. Afortunadamente surgen por doquier voces que intentan debatir estos problemas y piden firmeza, prohibición y cese de las importaciones de transgénicos.

No es suficiente con cuestionar las cabriolas de la ministra Rosa Aguilar, el alineamiento de altos funcionarios del Ministerio Medio Ambiente, Medio Rural y Marino con los intereses de EEUU y del gobierno del PSOE con las multinacionales.

Ha llegado la hora de que nos replanteemos la estrategia de la lucha contra los transgénicos. Los discursos suaves para contentar a todos, ni sirven para negociar con el Gobierno ni consiguen la fuerza en la calle que es lo único que puede presionarle. Los transgénicos, exponentes de un sistema global de producción distribución y consumo, provocan daños de tal magnitud en la salud, la vida rural y la protección de la naturaleza que requieren una prohibición total, incluyendo la importación de transgénicos para piensos y agrocombustibles.

El 17 de Abril de 2011, día de las luchas campesinas, los colectivos que cada día apostamos por un consumo responsable agroecológico y autogestionado, seguimos proclamando:

TRANSGÉNICOS, NO, NO Y NO.NI PRODUCIDOS, NI CONSUMIDOS NI IMPORTADOS.PROHIBICIÓN TOTAL.

Madrid, 16 de Abril de 2011

Grupos Autogestionados de Konsumo (GAKs), Grupo de Estudios de Consumo Responsable Agroecológico (GEA), La Garbancita Ecológica, Colectivo Feminista “Las Garbancitas”.

 

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