domingo, 19 de noviembre de 2017
Inicio Movimientos Sociales Derecho a la vivienda El Tribunal de Luxemburgo declara ilegales aspectos clave de la Ley sobre protección de deudores hipotecarios que aprobó el Partido Popular en 2013, al no garantizar la igualdad de armas procesales.

El Tribunal de Luxemburgo declara ilegales aspectos clave de la Ley sobre protección de deudores hipotecarios que aprobó el Partido Popular en 2013, al no garantizar la igualdad de armas procesales.

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Mediante sentencia de 17 de julio de 2014, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha vuelto a declarar incompatible con la protección a consumidores que rige a nivel europeo, el sistema de ejecuciones hipotecarias español.

En respuesta a una cuestión prejudicial europea planteada por la Audiencia Provincial de Castellón, el TJUE establece que la inferioridad intrínseca de condiciones en que un consumidor se enfrenta a una ejecución hipotecaria, se ve incrementada en la normativa española al impedir que las decisiones del juez sobre cláusulas abusivas puedan recurrirse por el consumidor, mientras que sí son recurribles por el profesional (en su mayor parte entidades financieras).

Algunos de los fundamentos de Derecho son bastante ilustrativos, como el siguiente (párrafo 38): “… cabe señalar que de la documentación remitida al Tribunal de Justicia se desprende que, según las normas procesales españolas, puede ocurrir que un procedimiento de ejecución hipotecaria que tenga por objeto un bien inmueble que responda a una necesidad básica del consumidor, a saber, procurarse una vivienda, sea incoado a instancia de un profesional sobre la base de un documento notarial dotado de fuerza ejecutiva, sin que el contenido de dicho documento ni siquiera haya sido objeto de un examen judicial destinado a determinar el carácter eventualmente abusivo de una o varias de las cláusulas que contenga. Este trato privilegiado que se concede al profesional hace aún más necesario que el consumidor, en su condición de deudor ejecutado, pueda obtener una tutela judicial eficaz.

A partir de esta sentencia, el Gobierno está obligado a modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil para adaptarla al Fallo europeo. Por otra parte, los jueces del Estado español quedan vinculados directa e inmediatamente por esta sentencia, y deberán incluso dejar de aplicar las normas españolas declaradas incompatibles con la legislación europea, mientras estas no sean adaptadas.

Cabe recordar ahora que la ley 1/2013 ha resultado un fraude, tanto para la defensa de los postulados de la PAH expresados en la Iniciativa Legislativa Popular - ILP - de paralización de los deshacios, dación en pago retroactiva y alquiler social, como para la propia legislación Europez, pues lejos de garantizar el Derecho Fundamental a la Vivienda recogido en el artículo 47 de nuestra Constitución permite que se sigan vulnerando los Derechos Fundamentales de los deudores hipotecarios, incumpliendo así mismo obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos.

Por otra parte, este nuevo pronunciamiento del Tribunal Europeo coincide con el quinto motivo del Recurso de Inconstitucionalidad que redactó la PAH hace ya un año contra la Ley 1/2013, recurso pendiente aún de resolver por el Tribunal Constitucional, que queda ahora interpelado directamente por el TJUE para dictaminar sobre la ilegalidad de la Ley 1/2013, al menos en el aspecto de la desigualdad procesal que se da a las partes.

La sentencia del TJUE de 17 de julio de 2014 se puede consultar en el siguiente enlace.

 

 

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