viernes, 15 de diciembre de 2017
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Stop derribos ilegales en Cañada Real

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El 21 de marzo de 2012 se ha dictado sentencia por el Juzgado Contencioso-Administrativo nº 17 de Madrid declarando contrario a Derecho el intento de violación del domicilio y derribo de la vivienda de Abdelaziz y Raquel, vecinos del número 65 A de la Cañada Real Galiana, sector 6, dónde residen con su hijo de un año de edad.

El día 20 de junio de 2012, funcionarios del departamento de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Madrid intentaron derribar esta vivienda sin contar con autorización judicial, lo que fue impedido gracias a la intervención de un centenar de vecinos y activistas del 15M. A los pocos días, Abdelaziz abrió un procedimiento urgente de protección de derechos fundamentales en el que se decretó como medida cautelar la suspensión del derribo. Finalmente, el Juzgado ha dado la razón tanto al vecino como a los ciudadanos que acudieron en su defensa, y considera que la actuación del Ayuntamiento vulnera el artículo 18.2 de la Constitución (“el domicilio es inviolable... sin consentimiento del titular o resolución judicial, .. salvo en caso de flagrante delito”).

Los derribos en la Cañada Real Galiana.

La Cañada Real es una conurbación metropolitana, habitada en su mayor parte por población trabajadora proveniente de la inmigración interior (años 70) y exterior (a partir de finales de los 90). Al igual que sucedió en otros barrios del extrarradio madrileño durante los setenta y ochenta, los 14 kilómetros de asentamiento ilegal en la Cañada Real han sido tolerados por las autoridades durante décadas. Precisamente, esa “tolerancia consciente”, prolongada desde 1970 hasta los primeros derribos en 2007, es la que explica en gran medida la formación de un barrio con cerca de 10.000 habitantes de diferentes nacionalidades, culturas y costumbres que, en su mayoría, no cuenta con otro techo.

A partir de 2007 el Ayuntamiento de Madrid comenzó una campaña de derribos sin reparar en viviendas o familias sin recursos, bajo la excusa de “restablecer el orden urbanístico”. Al igual que hace 30 años los vecinos en Vallecas y otros barrios se movilizaron hasta legalizar los asentamientos “vivienda por vivienda”, los vecinos de la Cañada han intentado paralizar los derribos con diferente fortuna. Todo empezó con un primer derribo en 2007 de la vivienda de Abdelilah, que fue reconstruida por la solidaridad de los vecinos una semana después. El Ayuntamiento lo intentó por segunda vez el 24 de junio de 2011 pero se suspendió por la presencia de vecinos e integrantes del 15M. Finalmente fue ejecutado el 8 de septiembre de 2011, sobre las 4:30 horas de la madrugada con la intervención de 380 policías. Al entrar en la vivienda, escopeta en mano, encontraron por toda resistencia un matrimonio atemorizado y sus dos hijos menores durmiendo.

Organizaciones como Amnistía Internacional han denunciado estas prácticas como violaciones de Derechos Humanos. (Ver: El desalojo forzoso de una familia en la Cañada Real constituye una violación de los Derechos Humanos)

Esta política de derribos de viviendas incumple las leyes internacionales, estatales y regionales:

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), emanado de la Declaración de Derechos Humanos de Naciones Unidas, suscrito por el Estado Español en 1977, y las Directrices sobre Desalojos Forzosos del Relator Especial de Naciones Unidas para el derecho a la vivienda, establecen con toda claridad garantías jurídicas que están siendo violadas.

- No se realiza ningún estudio o valoración de medidas alternativas al derribo.

- No hay evaluación alguna sobre los efectos que conllevan los derribos.

- Lejos de realizarse un inventario de las pertenencias de los habitantes, es frecuente que queden sepultados bajo escombros los muebles y enseres personales.

- No existen observadores neutrales para registrar posibles violaciones de otros derechos. Los derribos son situaciones agresivas que a menudo conllevan coerción sobre las personas.

- Los derribos se realizan incluso aunque coincida con fiestas religiosas o exámenes escolares.

- A menudo se interviene de noche, justo antes del amanecer.

- No se respeta la exigencia de un alojamiento alternativo que deje a las familias desamparadas en la calle. En su lugar, el Samur Social ofrece tres días de albergue a las familias desalojadas, lo que constituye una medida más cosmética que real.

El artículo 47 de la Constitución española reconoce el derecho a una vivienda digna y el artículo 9.2 encomienda a los poderes públicos “promover las condiciones para que la libertad y la igualdad ... sean reales y efectivas y remover los obstáculos que impidan su plenitud ...”. Sin embargo, después de 34 años de Constitución, las autoridades participan activamente en las actividades económicas que conducen a dejar sin vivienda a cientos de miles de familias, lo que contradice la definición de Estado Social y Democrático de Derecho recogida en el artículo 1 de la Constitución.

Los derribos también contradicen la propia Ley de la Cañada Real Galiana, de marzo de 2011 que, en su Disposición Adicional Primera, ordena la apertura de un proceso de concertación social entre vecinos y administraciones“para resolver todas las cuestiones derivadas de la ocupación, desafectación y destino de los terrenos de la Cañada Real Galiana objeto de la presente Ley, dando en todo el proceso participación a los afectados debidamente representados por asociaciones acreditadas.” La Ley 2/2011, de la Cañada Real Galiana, se publicó en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el 29 de marzo de 2011, entrando en vigor al día siguiente. Es evidente la contradicción entre lo dispuesto legalmente y la actuación del Ayuntamiento de Madrid y el Ayuntamiento de Rivas al continuar derribando viviendas o abriendo expedientes de derribo.

La amenaza permanente de derribo que sufre la población de Cañada Real se suma a la ausencia de informaciones públicas sobre los planes que existen para la zona. El derecho de participación vecinal contemplado en la Ley es inexistente. Más de un año después de la promulgación de la ley no se ha producido ninguna audiencia a los afectados informándoles sobre el futuro de las viviendas. Durante 2011 se han realizado varios censos de habitantes por parte de los Ayuntamientos de la zona, dándose la circunstancia que los propios censados no tienen acceso a tales datos.

La paralización del derribo de la vivienda de Raquel y Abdelaziz, se produjo gracias a la participación de vecinos y otras personas comprometidas que consiguieron hacer valer los derechos de esta familia, a pesar de las intenciones de las autoridades municipales. Esa mañana se rumoreaba que, con la misma excavadora, iban a derribar otras viviendas situadas 100 metros más abajo, pero la movilización fue suficiente, al menos ese día, para evitarlo. Cuando se retiró la excavadora, el oficial del juzgado y la policía, la alegría se desbordó y muchas personas que habían soportado una gran presión desde la madrugada se abrazaron riendo y llorando de emoción, celebrando la victoria con un té. Una idea aproximada de lo sucedido se pudo ver en el Informativo Territorial de TVE: Informativo de Madrid de 20 de junio de 2011.

No es la primera vez que el Servicio de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Madrid es condenado por vulneración de derechos fundamentales al ejecutar derribos ilegales. En sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 30-12-2009, se declaró la ilegalidad del derribo de varias viviendas de ciudadanos bolivianos en el Sector 5 de la Cañada Real por no contar con autorización judicial suficiente, aunque desafortunadamente la sentencia llegó dos años después de la demolición de la vivienda.

El caso de la vivienda de Abdelaziz y Raquel constituye un ejemplo de la movilización popular para la defensa de los derechos de todos. La ley justa y los derechos y garantías de la población, sólo están asegurados cuándo la ciudadanía vela por su cumplimiento.

En el informe elaborado por los funcionarios municipales, se recogió como motivo de suspensión del derribo “la presencia de personas de origen magrebí y grupos antisistema”. En cierta medida el informe tenía razón, junto a los vecin@s amenazad@s y l@s solidari@s, también había grupos “antisistema”, pero como se ha demostrado, los antisistema fueron los funcionarios municipales.

Javier Rubio, abogado. Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES)

Fuente de la imagen: FofogrAcción

Fotografías de la paralización de los derribos ilegales en Cañada Real (Sector VI) realizadas por FotogrAcción

 

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