martes, 22 de agosto de 2017
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Un Juzgado anula una orden de derribo en Cañada Real ya que las viviendas podrían ser legalizadas en el futuro.

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Una sentencia sobre derribos en Cañada Real Galiana anula una orden del Ayuntamiento de Madrid y afirma que tras la entrada en vigor de la Ley 2/2011 de la Cañada, la Administración debió dar oportunidad de legalizar la vivienda antes de ordenar su demolición.

El Juzgado Contencioso-Administrativo nº 20 de Madrid, ha dictado sentencia para el caso de una vivienda de la Cañada Real Galiana, en el Sector 5, en la que anula la orden de derribo dictada por el Ayuntamiento de Madrid. La resolución afirma que la Ley de la Cañada Real Galiana, de marzo de 2011, al haber desafectado el terreno y abrir un proceso acelerado de posible enajenación del mismo, así como establecer un proceso de concertación social entre administraciones y asociaciones de vecinos, convierte a las construcciones en potencialmente legalizables, por lo que no es ajustado a Derecho que el Ayuntamiento de Madrid ordene su derribo sin más, debiendo antes acudir a un trámite de legalización. Por lo tanto, anula la orden de derribo y condena en costas al Ayuntamiento.

La sentencia, de 16 de septiembre de 2013, se aparta de otras que hasta la fecha venían afirmando que la Ley de la Cañada Real en nada afectaba a las órdenes de demolición de los ayuntamientos, y supone un argumento más para la causa frente a los derribos de viviendas de forma indiscriminada, sin atender a las especiales circunstancias que concurren en la zona. Por otra parte, la sentencia hace más cercana, esta vez en sede judicial, la idea de legalización futura de las viviendas dentro del proceso de concertación social al que obliga la Ley 2/2011, aprobada en marzo de 2011.

La Cañada Real es un asentamiento de más de cincuenta años de historia sobre el que las autoridades mantuvieron una actitud de “tolerancia consciente” hasta el año 2007 en que el Ayuntamiento de Madrid comenzó una campaña de derribos de viviendas habitadas alegando cuestiones de legalidad urbanística. Desde enero de 2013, tales derribos se encuentran paralizados, coincidiendo con una decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (asunto Raji y otros contra España), por la que se suspendía cautelarmente el derribo de una autoconstrucción de una familia sin alternativa habitacional. En la actualidad la medida cautelar se mantiene.

La Ley 2/2011 de la Cañada Real Galiana desafectó los terrenos, que dejaron de ser vía pecuaria, y se abrió un plazo legal de dos años para elaborar un acuerdo marco de contenido social para la zona. Sin embargo, pasados más de dos años, por parte de las administraciones no se ha tomado aún ninguna decisión en firme sobre el futuro de la Cañada Real.

Descargarse la sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo nº 20 de Madrid.

Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES).

 

 

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