Los ilegales son ellos. El juez archiva la denuncia del escrache a Sáenz de Santa María

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Los escraches son una forma de protesta legítima y legal en democracia. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca quiere mostrar su satisfacción con la resolución del Juzgado de Instrucción nº 4 de Madrid de sobreseer y archivar la investigación abierta con motivo del escrache realizado en las inmediaciones del domicilio de la Vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, el pasado 5 de abril de 2013.

El auto del Juzgado de Instrucción nº 4 de Madrid ha expresado que de lo investigado no se aprecia el más mínimo indicio de que se haya producido amenaza o coacción alguna a la vicepresidenta del gobierno o su familia, afirmando el juez que la manifestación fue absolutamente pacífica sin que se produjese ningún tipo de daño sobre persona o bien alguno, por lo que cualquier intento de querer aplicar el Código Penal para acallar este tipo protesta no sería acorde con la legalidad vigente y con los derechos fundamentales que los ciudadanos tenemos reconocidos en nuestra Constitución, en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y en la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Destacamos el siguiente razonamiento que ampara y protege la libertad de expresión que venimos ejerciendo a través de los escraches:

“Como tiene declarado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, los límites de la crítica admisible son más amplios respecto a un político en ejercicio, contemplado en este carácter, que los de un individuo particular pues a diferencia del segundo, el primero se expone inevitable y conscientemente a un control permanente de sus hechos y gestos tanto por los medios de comunicación como por el conjunto de los ciudadanos y debe, por lo tanto, mostrar una mayor tolerancia. Tiene sin duda derecho el político a ver protegida su intimidad, sobretodo en el marco de su vida privada, pero los imperativos de esta protección deben ponderarse con los intereses del libre debate de las idea políticas. Las excepciones a la libertad de expresión y reunión (que no es más que una proyección colectiva de la libertad de expresión efectuada a través de una asociación temporal de personas con la finalidad de intercambio o exposición de ideas, defensa de intereses, publicidad de problemas y reivindicaciones (STC 301/2006) requieren una interpretación restrictiva.”

La decisión adoptada por el juez viene a confirmar lo que siempre hemos venido sosteniendo desde la PAH, que las acciones de protesta y manifestación realizadas sobre dirigentes políticos y gubernamentales con motivo de las decisiones legislativas relativas al derecho a la vivienda, o su negación por parte de los diputados y senadores del Partido Popular, están amparadas por nuestro sistema constitucional y por los distintos convenios internacionales que el Estado español se ha obligado a cumplir y hacer respetar, como el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Declaración Universal de Derechos Humanos.

La decisión del juez de Madrid viene a sumarse a otras decisiones judiciales (Auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Torrelavega – Cantabria) que igualmente han validado la absoluta legalidad de los escraches a dirigentes políticos, por lo que desde la PAH hacemos un llamamiento a que de forma inmediata se detenga la estrategia criminalizadora contra la protesta social por parte de diversas entidades gubernamentales y mediáticas.


Stopdesahucios – Dación en pago retroactiva – Alquiler social

Sí se puede – Pero no quieren


Plataforma de Afectados por la Hipoteca

Auto de 10 de mayo 2013 de sobreseimiento y archivo en PDF