jueves, 19 de octubre de 2017
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Vivienda pública y vulneración de Derechos Humanos en Madrid

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En la ciudad de Madrid, y la Comunidad Autónoma, se ejecutan todos los días un elevado número de Desalojos Forzosos, muchos de ellos sin alternativa habitacional para personas en situación de vulnerabilidad. Los desalojos correspondientes a viviendas de titularidad pública van en aumento, en paralelo a los procesos de venta del patrimonio público de vivienda social. Las expulsiones de vivienda habitual sin amparo institucional suponen siempre vulneraciones de Derechos Humanos, pero resultan especialmente graves cuando los promotores son autoridades públicas cuya primera obligación legal, y sentido último de su existencia, es la defensa de los derechos de las personas.

Un desalojo forzoso constituye una agresión directa al derecho a una vivienda adecuada (artículo 25 de la Declaración de Derechos Humanos y artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales – (PIDESC), pero también implica con frecuencia la afectación de diferentes derechos fundamentales como la educación, la salud, la alimentación, el trabajo, el desarrollo psicológico, las relaciones sociales, e incluso el derecho a la igualdad y la no discriminación y el respeto a las garantías de protección a los menores.

La variedad de formas actuales en la pérdida de vivienda da una idea de la “emergencia habitacional” que atravesamos: desahucios por impago de préstamos hipotecarios, lanzamientos por impago de la renta de alquileres, extinción de contratos de alquiler en vivienda social, venta de viviendas públicas a fondos buitre con sus habitantes dentro, desalojos como medida cautelar en procesos penales por delito de usurpación, derribos de única vivienda para hacer cumplir la “disciplina urbanística”, desahucios administrativos, desalojos en inmuebles (activos inmobiliarios) adjudicados a la Sociedad de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB), etc.

En este contexto, la inacción de los poderes públicos o las alegaciones de motivos exculpatorios tales como la “aplicación de la ley” o la “escasez de recursos” para incumplir su obligación de respetar, proteger, garantizar y promover el derecho fundamental a una vivienda digna, resulta vergonzante y, al contravenir mandatos legales de aplicación directa, sitúa a dichos poderes públicos en terreno de presunta prevaricación.

Ilegalidad estructural

A pesar de tener reconocida la competencia legal en materia de vivienda (art. 26.1.4 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid) y tener obligación constitucional de “promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social” (art. 9.2 CE y 7.4 del Estatuto de Autonomía), el gobierno autonómico ha emprendido hace tiempo la venta de su propio patrimonio de vivienda pública a fondos especulativos (Blackstone-Fidere, Goldman Sachs-Azora-Encasa Cibeles). De forma simultánea, multiplica las órdenes de desahucio de las personas que no pueden pagar sus alquileres, aprovechando un marco legal orientado al “lanzamiento sumario” (desahucio express). Las notificaciones judiciales que comunican en el mismo acto el inicio del proceso y la fecha del desahucio, junto a la limitación de las causas de oposición a dicho proceso impiden, en la práctica, cualquier debate jurídico sobre la falta de alternativa habitacional para las personas “lanzadas” de su hogar, provocando una situación de indefensión real generalizada en los procesos de desahucio en los Juzgados.

Este “modus operandi” también está presente en los procesos de derribo que acomete el Departamento de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Madrid contra autoconstrucciones en asentamientos periurbanos como Cañada Real Galiana, El Ventorro, Santa Catalina, etc. Con algunas variaciones pero con idéntico resultado, muchos derribos de primera y única vivienda se ejecutan sin ninguna medida de alternativa habitacional, con el agravante de situarse en contextos de vulnerabilidad social severa, consentida durante décadas por el mismo gobierno municipal que da orden de destruir esos hogares.

La administraciones madrileñas violan mandatos constitucionales de índole social, especialmente el artículo 47 ( derecho a la vivienda ), y perpetúan una situación de “fraude constitucional” que, como señaló la PAH en su Recurso de Inconstitucionalidad (Introducción), significa enunciar derechos sociales para todos en 1978, dentro de la parte de derechos fundamentales de la Norma Suprema, para que, durante los siguientes 36 años, los poderes públicos (legislativo, ejecutivo y judicial) los mantengan en estado de “hibernación” llegando al extremo de que su vulneración no puede ser alegada por los ciudadanos ante los tribunales, al no contar con leyes que desarrollen esos derechos (artículo 53.2 de la Constitución). En la práctica de nuestros tribunales, el artículo 47 de la Constitución tiene hoy menos fuerza vinculante sobre ciudadanos y poderes públicos que una ordenanza municipal sobre aparcamientos.

La ilegalidad en que nos despertamos cada mañana no sólo es de ámbito estatal. Si el texto constitucional se encuentra suspendido en derechos sociales fundamentales como la vivienda, en contradicción manifiesta con la definición del Estado como “social y democrático de Derecho” (artículo 1 CE), también disposiciones protectoras del Derecho Internacional de Derechos Sociales, así como sentencias de los tribunales europeos se mantienen ignoradas en aspectos sustantivos.

Según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuando las autoridades nacionales, al ordenar y sustentar el desalojo del demandante, no han dado una explicación o no han puesto de manifiesto argumentos que demuestren que el desalojo era necesario, el Tribunal puede determinar que el interés legítimo del Estado en controlar su propiedad debe ser secundario al derecho del demandante a que se respete su hogar. (ver Kay y Otros c. Reino Unido, nºº 37341/06, párrafos 67-8 y 74, 21 de septiembre de 2010, y Orlic c. Croacia, nº 48833/07, párrafo 65, 21 de junio de 2011).”

El Convenio Europeo de Derechos Humanos es de obligado cumplimiento para España (art. 10 de la Constitución), y las decisiones de su Tribunal vinculan a todos los poderes públicos del Estado.

En consecuencia, los Desalojos Forzosos promovidos por los poderes públicos de la región y la ciudad de Madrid suponen una permanente violación del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Si es un hecho cierto que el IVIMA (y también la EMVS) se ha desprendido de parte de su parque de viviendas sociales mediante su venta a fondos especulativos, mantienen viviendas en desuso y ordenan el desahucio de familias en situación de necesidad al amparo de la legislación sobre “desahucio express”, asistimos a una violación institucional de Derechos Humanos en materia de vivienda. Las autoridades obligadas a evitar la vulneración del derecho a la vivienda, al deshacerse del parque público de vivienda social, favorecen la especulación con las viviendas destinadas a proteger el derecho a una vivienda digna de las personas en situación de vulnerabilidad. El artículo 9.3 de la Constitución llama a la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

Movimientos sociales en lucha por el derecho a la vivienda

Desde las primeras acciones de presión ante las oficinas del IVIMA de la C/ Basílica, en el año 2011, afectados y activistas alegábamos una posible vulneración de Derechos Humanos en los desahucios sin alternativa habitacional. El actual modelo de escrito para presentar de urgencia ante Juzgados e IVIMA (accesible en la página web de la Plataforma de Afectados por la Vivienda Pública y Social, PAVPS), se redactó en su día alertando al propio Instituto de la Vivienda de las posibles responsabilidades en que podía incurrir.

Desde colectivos sociales organizados (PAHs, PAVPS, grupos de vivienda del 15M, oficinas de vivienda, asociaciones de vecinos, etc) se han frenado centenares de desahucios emprendidos por las administraciones públicas madrileñas (IVIMA, EMVS de Madrid o empresas de vivienda municipal de otras localidades). Este movimiento de acción directa frente los desalojos, dentro del movimiento por el derecho a la vivienda, ha consolidado una amplia red de colectivos que, ante la inacción de los poderes públicos, actúan como verdaderos defensores de Derechos Humanos impidiendo desalojos ilegales, logrando paralizaciones por presión social previa o a través de “stopdesahucios”, facilitando alternativas habitacionales, recuperando viviendas vacías producto de promociones especulativas y desalojo de sus propietarios, y emprendiendo acciones y campañas de denuncia e información social. Existen también iniciativas legales contra la venta de viviendas públicas a fondos especulativos que plantean en los Juzgados la nulidad de la venta (recurso contencioso de la PAVPS para invalidar los contratos de venta de las viviendas sociales públicas a especuladores) y la comisión de delito de prevaricación por ordenar ese proceso (querella penal contra la directiva del IVIMA y contra la alcaldesa de Madrid así como).

En la lucha contra los Desalojos Forzosos y la privatización de la vivienda social reivindicamos, más allá de un mero asunto civil o de protección a consumidores, el respeto a los Derechos Humanos. Esta perspectiva implica la exigibilidad directa del cumplimiento de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) y la depuración de responsabilidades por la vulneración de la legislación estatal e internacional en esta materia. Es momento, por tanto, de levantar la mirada y actuar desde de una perspectiva amplia de violación de Derechos Humanos, incorporándola al discurso y a la acción del movimiento, con más razón si cabe, cuando se trata de Vivienda Pública.

Madrid, 18 de diciembre de 2014.

Alejandra Jacinto y Javier Rubio (abogad@s del Centro de Asesoría y Estudios Sociales y miembros de la Comisión Jurídica de la PAH y de PAVPS).

 

 

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