viernes, 15 de diciembre de 2017
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"La lucha por el Alquiler Social Universal"

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¿Sabías que en España hay 3,5 millones de casas vacías? ¿Sabías que solo en la ciudad de Madrid hay más de 1000 desahucios semanales? ¿Sabías que la legislación internacional establece que solo deberíamos pagar un 30 % de nuestro salario por una vivienda digna y que en España pagamos en torno al 70 %? ¿Sabías que, en la mayoría de los casos, la alternativa habitacional ofrecida a las familias es de 3 días de albergue?

Si sabías todo esto, es que todo el trabajo de información y movilización ciudadana no ha sido en vano. Si no lo sabías, te dejamos unos segundos para que recuperes el aliento…

Todo lo narrado son síntomas evidentes de una profunda crisis económica y social, que revela no solo la inestabilidad del mercado, sino multitud de negligencias empresariales y administrativas que llevan produciéndose durante más de dos décadas. La mala fe de los poderes públicos, además, ha quedado acreditada con los continuos rescates a la banca[4], los indultos a banqueros[5] o la permisividad respecto a las prácticas de dudosa legalidad y probada inmoralidad de algunas entidades financieras.

Con la incertidumbre sobre la Iniciativa Legislativa Popular sobre la dación en pago en sus primeros pasos de tramitación y los principales partidos políticos haciendo oídos sordos a las reclamaciones sociales, el panorama es desolador. Tanto es así, que la sociedad civil ha comenzado a organizarse, al margen de las instituciones, frente a estos abusos con las herramientas de que dispone: la desobediencia y la solidaridad.

Alquiler social universal: casa para todos

Tras el éxito de fórmulas como la paralización de los desalojos para conseguir dilatar al máximo los desahucios de familias, ahora los afectados y sus redes de apoyo se plantean la okupación de esos inmuebles vacíos para procurarse a sí mismos una solución habitacional que se les niega desde las instituciones públicas encargadas de prestar este servicio. Es en este punto donde podemos empezar a hablar de Alquiler Social Universal.

Como ya planteara la plataforma V de Vivienda en el año 2007, el Alquiler Social Universal (ASU) consiste en «dar un uso social a las viviendas vacías existentes en nuestro país». Se exige al Gobierno que practique una expropiación del derecho de uso en favor del okupa y en detrimento del propietario, quien se entiende que ha hecho una renuncia implícita a su derecho sobre el inmueble, abandonándolo por largo tiempo.

La fórmula del ASU prevé la existencia de un censo de libre acceso a través del que se articularía el conjunto de demandantes de la prestación. La renta que debería desembolsar cada núcleo familiar no sería en ningún caso superior al 30 % de los ingresos mensuales o los costes de mantenimiento del habitáculo. Además, la imposibilidad del propietario de participar de ninguna de las ganancias sería sanción suficiente para la actividad especulativa.

Ahora bien, como en todo, la sociedad suele ir por delante del Derecho y la legislación. Tanto es así, que la fórmulas colectivas que ponen en práctica esta idea del ASU ya están siendo ejecutadas por la vía de hecho. Así, en Terrassa ya se puso en marcha la okupación de un edificio para el realojo de personas desahuciadas. Su calado social fue tan profundo que los jueces encargados del caso no solo absolvieron a todos los imputados, sino que entre los fundamentos jurídicos se hace mención expresa a la «novedosa situación fáctica». Sin embargo, prácticas como estas, en las que la okupación con finalidad residencial se hace de una manera tan abierta y «social», no son ajenas en ciudades como Madrid y Barcelona, donde no es poco frecuente encontrar okupas que pagan sin problema los gastos de luz, agua y comunidad. En otras palabras, hacen frente a los gastos de mantenimiento.

Sea como sea, el problema de la ausencia de alternativas habitacionales sigue estando presente. Y cada vez son más las familias que se ven con sus huesos en la calle sin la asistencia debida. Que nadie se asuste, pues, al ver aparecer nuevas formas de colaboración solidaria encaminadas a sortear las dificultades del momento, ya provengan estas de la mala praxis bancaria, de la nefasta gestión del Estado o de desconsiderados mandatos judiciales. En este momento se trata de una cuestión de supervivencia.

Lidia, Oficina de Vivienda

Revisión y corrección de estilo del texto a cargo de Sara Hernández Pozuelo

Fuente: http://www.okupatutambien.net

 

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